La crisis económica está mostrándose especialmente cruel con el centro terapéutico Adroga que, desde las instalaciones que los Espiritanos tienen en la localidad ribereña de Castrillo de la Vega, lleva más de un cuarto de siglo trabajando por la rehabilitación y reinserción social de las personas que sufren cualquier tipo de adicción. Y es que la incertidumbre sobre las aportaciones económicas de que depende este programa, provenientes casi de forma exclusiva de las Administraciones públicas, provoca que sus responsables no puedan asegurar si se podrá seguir funcionando con normalidad el próximo ejercicio. «Quizás el 1 de enero tengamos que cerrar. Lo peor es la incertidumbre. Estar a finales de año y no saber si va a haber dinero, si nos van a aplicar recortes o cuánto vamos a tener que ajustarnos», reconoce Alfonso Arribas, director del centro. Con un presupuesto anual de algo más de 400.000 euros, este montante proviene casi exclusivamente de dos administraciones, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Madrid. Sin embargo, a estas alturas del año, las arcas regionales apenas han liberado un 20% de los algo más de 190.000 euros comprometidos para este ejercicio. Por su parte, la Corporación madrileña, que aporta entre 23.000 y 25.000 euros al mes, la última mensualidad que ha pagado es abril, lo que supone que lleva medio año de retraso. SEIS MESES SIN NÓMINA. La situación ha obligado a la plantilla, once trabajadores que hace un año ya se vieron afectados por un Expediente de Regulación de Empleo para, reduciendo todos su jornada laboral, no tener que prescindir de ninguno, a dejar de cobrar sus nóminas, adeudánsoles ya media docena. También se acumulan los pagos pendientes con algunos proveedores que, conocedores de la especial coyuntura que atraviesa el centro, no les apremia con su cobro. «Pagamos la luz y el teléfono para que no nos lo corten y poco más. Andamos así ya de seis meses para acá. El futuro del centro está seriamente comprometido. No podemos mantener esta situación indefinidamente», señala el director. Podría decirse, además, que a perro flaco todo son pulgas y si se miraba con esperanza una de las últimas remesas de dinero llegadas al centro, éstas quedaron diluidas de un plumazo cuando desde la Seguridad Social se les reclamó el abono, con la correspondiente multa, de los seguros sociales a los que no se había podido hacer frente por falta de liquidez provocada, precisamente, porque las administraciones no cumplían sus compromisos económicos. Las perspectivas no son mucho más halagüeñas. Aunque hace unas semanas la Junta de Castilla y León renovó al centro las acreditaciones administrativas que le permiten funcionar, aún no se ha pronunciado sobre su contribución económica, retrasando cualquier decisión a este mes, cuando estén más perfilados los presupuestos regionales de 2013. De todas formas, entre los responsables del centro se recuerda con preocupación que, si bien en 2012 se les mantuvo la aportación monetaria, en 2011, entre recortes directos e indirectos, sufrieron una merma de aproximadamente un 20% de la subvención. Por su parte, en relación a los apoyos madrileños la situación es aún más preocupante. Su vinculación con el Ayuntamiento es a través del Instituto de Adicciones, un organismo que el Consistorio quiere transferir a la Comunidad Autónoma de Madrid. De producirse, ésta ya ha anunciado la supresión de los convenios con las comunidades terapéuticas, como Adroga. Esto, si bien no parece que pueda producirse para el 1 de enero, solo aportaría oxígeno para un año más, ya que todo apunta a que se materializaría a lo largo del próximo ejercicio. De hecho, en estos momentos, se aprecia una disminución del número de personas que se derivan a Adroga para su tratamiento desde Madrid «porque como existe la posibilidad de que no puedan estar a partir de enero, no van a enviar gente con un tratamiento a largo plazo para estar un mes». Arribas señala que, en caso de que falle uno de estos dos pilares económicos, el centro se vería abocado al cierre ya que «con la mitad del presupuesto no se puede funcionar» ya que no permite sufragar la contratación mínima de ocho trabajadores, más el personal de servicio, que requiere, además del mantenimiento de los internos. Asimismo, reconoce que aunque sus estatutos dan cabida a la financiación privada, por parte de los propios usuarios, ésta es menos que testimonial, suponiendo apenas un 0,5% de los ingresos ya que «la gente no tiene dinero para pagarse los 1.500 euros que cuesta el tratamiento al mes».