Los hosteleros lo comparan con Uber, la polémica plataforma que ha irrumpido en las grandes ciudades como competencia al taxi y cuya actividad prohibió a finales de 2014 una sentencia judicial por competencia desleal. En el caso de los alojamientos turísticos, el malestar en el sector guarda ciertas similitudes ya que denuncian la proliferación de pisos ‘pirata’ que se anuncian en páginas web. Son viviendas de cualquier edificio de una ciudad, apartamentos, casas o chalets en el campo que se alquilan durante una noche, una semana, quince días...

Una actividad que ha ido a más y que solo se puede cuantificar por las ofertas que existen en internet. Solo en los portales más populares, Airbnb o Niumba, se publicitan más de 90 y 160 anuncios de alojamientos en los que dormir. En todos los rincones de la provincia. Los hay regulados, pero la mayoría están al margen de la legislación.

La Junta de Castilla y León, que acaba de aprobar un decreto en el que se regulan los apartamentos turísticos mediante, siempre ha tenido un registro de este tipo de alojamientos ya que así lo mandaba la normativa estatal en vigor desde el año 1982. En ese listado solo aparecen 28 negocios que han notificado su actividad. En internet, el número de ofertas multiplican al menos por cinco ese número.

¿Se puede decir que un piso que se oferta con regularidad para fines de semana y cuya actividad no se comunica es un apartamento turístico ilegal? El Gobierno lo ha llamado vivienda vacacional, obligaba a informar de este uso y la Administración regional ahora trata de acotar más los límites. A grandes rasgos, el nuevo decreto detalla que uno de sus objetivos es «evitar el intrusismo» y viene a decir que los alquileres de más de dos meses de duración se atendrán a la Ley de Arrendamientos Urbanos y los de menos tiempo se regirán por la normativa turística.

El secretario general de la Federación Provincial de Hostelería, José Vicente González, explica «que durante la crisis han proliferado este tipo de negocios», reclama que se persiga una actividad que considera «una competencia desleal» para hoteles, restaurantes, hostales, casas rurales... y exige que se adopten medidas contra los portales de internet que publicitan estos pisos piratas. Sobre esto último, porque asegura que lejos de promulgar la economía colaborativa (es así como defienden su negocio), en realidad están «cobrando comisiones» por una actividad que está «ampliamente regulada y protegida».

El representante de la junta directiva de la Federación de Hostelerías critica, más allá de lo que supone en gastos la diferencia entre estar regularizado o no, que los consumidores no tienen las mismas garantías de seguridad ni de calidad. Denuncia los problemas de que «no se notifique a la policía» quien se aloja en estos pisos, la «contribución a la economía sumergida».

Entre los apartamentos turísticos legales, la Junta tiene registrados 8 en la capital (7 del Grupo Rice en la calle Lavadores) y uno más en la Plaza Mayor. El resto se reparten por la provincia.