Un bosque bien gestionado no solo garantiza el mantenimiento del ecosistema de un determinado entorno y embellece el paisaje, sino que puede crear empleo, fijar población y convertirse en una fuente de ingresos más o menos rentable en la medida en la que los propietarios exploten los aprovechamientos disponibles: usos de la madera o de los pastos, cotos de caza y setas, apicultura... Utilidades que solo en las 319.000 hectáreas de montes públicos de la provincia reportaron a la Administración más de doce millones de euros en 2013. Si esta cantidad se extrapola a los montes de propiedad y gestión particular, alrededor de 369.000 hectáreas en Burgos, la cifra podría duplicarse al cabo del año y convertirse en una fuente de riqueza solo por la materia prima. Pero a eso habría que añadir los beneficios que se generan con los diversos procesos de transformación que, en el caso de la madera  -principal fuente de ingresos en la provincia- son muchos.

Después de más de un lustro de crisis, son muchos los que han visto en el monte una fuente de ingresos complementarios a los tradicionales; entre otros, la Junta de Castilla y León. La Consejería de Medio Ambiente aprobó este año la elaboración de un Programa de Movilización de Recursos Forestales con vigencia para los próximos ocho años en el que se exponen las fortalezas e incongruencias de una región en la que, por ejemplo, se han estado importando toneladas de resina cuando dispone de millones de pinos susceptibles de ser resinados. Y de ahí que, en colaboración con la iniciativa privada, se proponga articular una serie de medidas para incrementar al menos en un 8% la productividad del monte, centrándose en la madera y en la biomasa (otro de los grandes potenciales de Burgos) y en otros recursos no maderables como la resina, el piñón y la castaña (productos residuales en la provincia, pero de los que en este momento hay más demanda que oferta) o las setas.

El fomento de la micología y su industria han sido, de hecho, dos objetivos a alcanzar en los últimos años, pero la repercusión económica en la provincia todavía es limitada. Es cierto que numerosos Ayuntamientos de la provincia se han involucrado con el proyecto autonómico Micocyl, que consiste, a grandes rasgos, en la creación de grandes cotos de setas en los que los recolectores pagan unas cantidades en función del uso que van a dar a los hongos y, a cambio, se supone que en esa zona hay más control de malas prácticas y furtivismo. En concreto, al término de 2013 había 75.000 hectáreas acotadas que aportaron unos ingresos de 39.594 euros a los responsables en concepto de permisos de recolección. Este año habrá incremento porque hay más hectáreas acotadas. Es, en cualquier caso, el recurso que menos ingresos genera, pero fuentes de la delegación territorial de Medio Ambiente destacan que la vertiente económica no es una prioridad para los propietarios de los cotos -Ayuntamientos en todos los casos- sino la regulación y el control de una actividad que, a la larga, puede ser muy fructífera no solo por el fruto en sí, sino por el turismo asociado.

La apicultura es la siguiente actividad en orden de importancia por réditos obtenidos: 55.608 euros. En este caso, el beneficio procede de las tasas que hay que pagar por la autorización para instalar colmenas y, dado que este ha sido un sector en crecimiento en los últimos dos años, es de suponer que esta cantidad también se incrementará. Sin embargo, es una actividad en la que el valor añadido se genera con la transformación del producto y, por lo tanto, esta siempre será una fuente de ingresos bastante residual.

Otra cosa son los pastos, la caza y la madera; tres sectores en los que el rédito económico sí está ligado directamente a la productividad del monte, con independencia de que la transformación posterior sirva para revalorizarlo. En este sentido, y siempre manteniendo el orden de menor a menor, el aprovechamiento de los pastos es el último en importancia: aporta al cabo de un año algo menos del millón, 865.414 euros en 2013. Este dinero procede de la venta de los pastos ubicados en los montes públicos a los ganaderos interesados, muchas veces residentes en el municipio propietario a quienes se les hace un precio especial. Es decir, en otras circunstancias podría ser incluso más rentable.

La caza, a menos. Tanto menor como mayor, la caza sigue proporcionando cuantiosos ingresos a los propietarios de los cotos y a la Administración. Solo en los montes públicos de la provincia, la cinegética movilizó en 2013 casi dos millones y medio, 2.485.217 euros. Y eso sin tener en cuenta lo relativo a la Reserva Regional de Caza ‘Sierra de la Demanda’, que tiene un régimen especial de gestión y cuyos datos no han sido facilitados. Fuentes oficiales de Medio Ambiente explican que estos dos millones y medio son los ingresos correspondientes a la explotación de unas 280.000 hectáreas de la provincia, pero destacan que no se puede extrapolar esta cantidad a la superficie forestal en manos de particulares porque las mejores zonas de caza, sobre todo de la mayor, están en territorio de gestión pública. Y, paradójicamente a lo que ocurre con el resto de actividades asociadas a los montes burgaleses, esta es la única que ahora va a menos. Y como pruebas, el hecho de que entre 2007 y 2012 se abandonaran casi una veintena de cotos, según datos oficiales de la Junta, y que haya unos 2.000 cazadores menos con licencia que antes de la crisis, según apuntaban el año pasado desde la Federación de Caza. Y si esta era una tendencia constatada en 2013 -año en el que la Junta también incrementó las tasas de las licencias en un 55%- fuentes oficiales de Medio Ambiente en la provincia apuntan que en 2014 se mantiene a la baja.

Todo lo contrario a lo que ocurre con la mayor fuente de recursos forestales de la provincia: la madera. Los datos provisionales de 2014 hacen prever que serán similares o incluso algo superiores a los de 2013, cuando se registraron unos ingresos superiores a seis millones de euros solo por las cortas de madera, que también fueron superiores a las de años previos. En concreto, y siempre según los datos oficiales disponibles, el año pasado se autorizó la tala de 304.554 metros cúbicos en montes públicos (430.000 metros cúbicos en total, también en los privados), de los cuales el 77,4% eran coníferas -pino silvestre y pinaster en su mayoría- y el 22,5% frondosas -con predominio del chopo de producción.

La generación de biomasa y el auge de los pellets como fuente de energía limpia y económica frente al combustible tradicional provocaron un incremento de las cortas del 20% en solo un año al pasar de los 251.898 metros cúbicos autorizados en 2012 a los más de trescientos mil con los que cerró 2013. Un hecho que no solo sirve para compensar la caída en las talas de maderas nobles, más destinadas a la industria del mueble y a la construcción, sino que incentiva los clareos y la limpieza de los montes, al generar ingresos por algo por lo que hasta ahora había que pagar.