El equipo de gobierno arandino solicitará con carácter inmediato una reunión con los representantes de Toros Ricor para hacerles conocedores de la solución global planteada para la plaza de toros y explicarles que si no se ciñen a ella, se iniciarán los trámites para la resolución del contrato. Una decisión adoptada después de que, ayer, la Comisión de Urbanismo dictaminara favorablemente el diagrama de flujo elaborado por el tripartito.
Un respaldo en el que, sin embargo, el equipo de gobierno se quedó solo ya que los dos principales grupos de la oposición, PSOE e IU, se abstuvieron al entender que trata de una decisión política de la que deben responsabilizarse los integrantes del Ejecutivo local. Máxime cuando no se les ha dado ninguna posibilidad de participar en su confección. «Eso ha servido solo para constituir el equipo de gobierno. Y, por lo tanto, al ser una decisión política y no administrativa, son los responsables de su cumplimiento», incidió Luis Briones, portavoz socialista, quien incidió en que, además, las fases propuestas carecen de respaldo administrativo o judicial, obedeciendo solo a un criterio arbitrario.
A pesar de que el punto fue acompañado por un informe de Secretaría en el que reconocía que este planteamiento no interfiere con otros trámites administrativos, para las formaciones de la oposición algunas de las etapas contempladas en el diagrama de flujo, pueden entrar en seria colisión con algunas de las decisiones que ya se han adoptado, como el proceso ya emprendido para conseguir el pago del canon de 700.000 euros, que está ya en la vía ejecutiva.
Por otro lado, una delegación de la Plataforma Ciudadana por la Plaza de Toros recibió ayer del equipo de gobierno explicaciones sobre el contenido de esta solución global. Un encuentro en el que, desde el colectivo ciudadano, se comprometieron a trasladar al Ayuntamiento un listado con todas las deficiencias que, a su juicio, hay que subsanar para legalizar la actuación y que, para ellos, se extienden bastante más allá que trabajos puntuales en el coso.
Asimismo, informaron de que continúan estudiando la posibilidad de llevar a la vía penal la supuesta prescripción del expediente sancionador abierto por el Ayuntamiento. En este sentido, señalaron que se está analizando el argumento defendido por el equipo de gobierno, y que ellos no comparten, de que el expediente caducó en 2010 porque las primeras irregularidades se detectaron en 2006. Igual que la posibilidad de que el hecho infractor no ha terminado de producirse y, en consecuencia, no pueden empezar a contar los cuatro años que deben transcurrir para que prescriba.