No cabe más indignación entre las profesionales del trabajo social después de que los grupos provida les acusaran el pasado martes de «empujar al aborto» a «algunas» mujeres. El colegio profesional de Burgos salió ayer al paso de esta «falsedad» y mostró su enfado por las declaraciones «de estos grupos antidemocráticos e irrespetuosos con las decisiones de las personas». La presidenta del colectivo, Juana Gómez, calificó las acusaciones de «vulgares, ordinarias y muy lejos del conocimiento de lo que son las intervenciones profesionales que realizamos».
«Si algo tenemos muy claro los profesionales es el respeto a la decisión de las personas y, desde ahí, como criterio deontológico, trabajamos para su bienestar. No entra en nuestro encuadre profesional ‘empujar’ a nadie a hacer algo contra su voluntad puesto que siempre actuamos a demanda», añadió. Gómez se refería a que son siempre las mujeres las que acuden a las trabajadoras sociales pidiendo algún tipo de ayuda y en el caso de la interrupción del embarazo no deseado «se actúa según el protocolo establecido por la Junta».
Este protocolo tiene diferentes fases. En la primera hay una acogida profesional, una exploración de la situación, una información verbal y la entrega de documentación escrita que consta de las políticas activas de apoyo a la mujer embarazada, un resumen de las ayudas a la maternidad y el artículo 14 de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo.
«Con esta información se invita a la mujer a que reflexione sobre su decisión, entendiendo que la situación requiere un proceso de asimilación, reflexión y afianzamiento que ayuden a evitar en el futuro un posible malestar, y se le emplaza para otra entrevista en la que se analiza, estudia, apoya y refuerza la decisión tomada, sea ésta la que sea», añadió.
En una segunda fase, si la mujer ha decidido abortar se le deriva al Centro de Orientación Familiar (COF) donde se continúa el proceso y se trabaja la prevención de nuevos posibles embarazos con información sobre métodos anticonceptivos: «Por tanto, no decimos ‘vete a Valladolid’ sino que informamos de que la intervención se realiza en esa ciudad y facilitamos todo lo posible para que acudan tranquilas, acompañadas y seguras. No violamos la libertad de las personas ni imponemos ningún criterio sino que respetamos sus decisiones y las ayudamos en el cumplimiento de una ley que nos ampara y un protocolo que nos guía», concluyó.