Todos los cuerpos funcionariales de la Administración han experimentado mermas considerables de sus recursos humanos en los últimos años. Las restricciones que ha impuesto el Estado central a la oferta de empleo público por culpa de la crisis ha dejado a algunas plantillas ‘temblando’. Una de ellas es la de la prisión de Burgos. Actualmente hay 72 funcionarios dedicados a la vigilancia interior del centro penitenciario, cuando la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) establece que ha de haber 94. Es decir, que hay 22 plazas vacantes -el 23,4%- que Instituciones Penitenciarias no cubre y parece que no tiene intención de hacerlo. La convocatoria para este año en toda España saca 320 puestos, de los que 275 corresponden al cuerpo de ayudantes. Pues bien, según el sindicato mayoritario de prisiones, Acaip, «es muy difícil que ninguno de ellos acabe en las instalaciones de la Barriada de Yagüe, entre otras cosas porque hay 3 centros pendientes de abrir y requieren mucho personal».
Burgos y Cáceres, según esta central, «son las cárceles donde más déficit de plantilla hay». Pero en el caso de la prisión burgalesa hay que añadir un agravante, que la edad media se sitúa -en el área de vigilancia- en 53 años. Así, a finales de 2015 temen que otros ocho funcionarios se den de baja, bien para jubilarse o bien para pasar a segunda actividad. A este estatus pueden acceder, por regla general, los trabajadores que tengan más de 57 años y tres décadas de servicio.
Acaip advierte de que con anterioridad a la época de crisis ya «venía denunciado la preocupante situación que sufría la plantilla», pero la Secretaría General «no tomó ninguna medida al respecto que pudiera paliar la falta de personal».
Después llegó la recesión y los recortes en la oferta de empleo público y en los últimos cuatro años, recuerdan las mismas fuentes, «solo se han convocado a nivel nacional 105 plazas». Todo ello ha «creado una situación caótica, pues las bajas generadas por jubilaciones no han sido cubiertas, así como de los que han pasado a segunda actividad». Éstos son trasladados a puestos donde realizan labores burocráticas, «pero al área de vigilancia no llega nadie para sustituirles».
La RPT total de la prisión está conformada por 226 funcionarios, de los cuales 94 están adscritos al departamento la vigilancia. Son los que abren la cárcel y están en contacto con los presos las 24 horas del día y los 365 días del año y son los a los que más afecta la reducción de la plantilla. El resto del personal se dedica a labores de gestión, administración, formación, asuntos legales, psicólogos, trabajadores sociales, etc.
Tensiones. ¿En qué se traduce esa falta de recursos humanos? Por fortuna la prisión de Burgos no destaca por custodiar presos muy peligrosos, «pero cuando se producen tensiones en los módulos los reclusos notan» que hay menos funcionarios. Hace escasas fechas abortaron una escaramuza entre reos españoles y reos magrebíes que «gracias a la experiencia de los trabajadores no fue a más». Pero si en alguna ocasión ocurre algo grave están «vendidos».
La plantilla de vigilancia está organizada en grupos que hace una década estaban compuestos por 12 y 13 empleados públicos. Ahora hay los mismos grupos pero con cuatro trabajadores menos cada uno. Y eso se nota, porque «de ahí hay que restar también los que acompañan a un preso a la enfermería, los que vigilan las visitas, etc».
A la hora de confeccionar los servicios, denuncia Acaip, «hay que hacer malabarismos y cuando llegan las vacaciones la configuración de los horarios se vuelve imposible». La prisión de Burgos se va a ver obligada a incumplir las propias instrucciones que dicta Instituciones Penitenciarias en materia de jornadas y horarios, pero el sindicato no está dispuesto a que esto ocurra.
Las quejas de los funcionarios burgaleses han llegado a las más altas instancias. Han enviado cartas al mismo ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y al Defensor del Pueblo. También han mantenido una reunión con el subdelegado de Gobierno, José María Arribas. Lo que exigen es que tomen medidas «para paliar la situación y cumplan con la RPT, «ya de por sí obsoleta». Además de las 22 plazas para el área de vigilancia son necesarias otras ocho para cubrir vacantes en el resto de las secciones.
En todo caso, Acaip subraya la «gran dedicación y profesionalidad» de la plantilla de Burgos, «con un índice de bajas inapreciable a pesar de la edad media de los trabajadores (53 años)». Gracias a su experiencia, agregan las mismas fuentes, «pueden ir solucionando problemas del día a día pese a la gran carga de trabajo que soportan, con el añadido de que han de velar por su propia seguridad y por la de los internos que tienen a su cargo».