La Justicia investiga en cinco causas diferentes a siete miembros de la familia del expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y a su esposa, Marta Ferrusola, por las actividades desarrolladas tanto por el matrimonio como por sus hijos Oriol, Jordi, Oleguer y las esposas de los dos primeros, Anna Vidal y Mercé Gironés, respectivamente.

Dos jueces de Barcelona, otros dos de la Audiencia Nacional y un magistrado de Liechtenstein han abierto procedimientos en los últimos meses contra ellos por delitos que van desde el blanqueo de capitales y el fraude fiscal hasta el cohecho y el tráfico de influencias.

La responsable del Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona, Zita Hernández, investiga al exjefe del Gobierno regional y a su mujer desde septiembre pasado, cuando admitió a trámite una querella de Manos Limpias después de que Pujol confesara que había tenido dinero sin declarar en el extranjero durante más de 30 años proveniente, supuestamente, de una herencia de su padre.

En su último auto, la jueza reprochaba al patriarca por no haber aportado «ningún dato concreto y acreditado» sobre la herencia y señalaba que ni siquiera ha «cumplimentado el único requerimiento que se le ha dirigido», referido a aportar copia del testamento de su padre, Florenci Pujol.

La denuncia atribuía a Pujol un delito fiscal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, prevaricación, falsedad en documento público y malversación de caudales públicos, al tiempo que situaba a su esposa como «cómplice y encubridora». Además, el magistrado de Liechtenstein Michael Jhle investiga al expresident por un presunto delito de blanqueo de capitales. En el marco de este procedimiento, el togado se ha dirigido a la Interpol para que solicite al Juzgado número 31 de Barcelona los «antecedentes y condenas» de Pujol y la información de que dispone sobre los hechos estudiados.

 La titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, inspecciona, por su parte, al exdiputado de CiU en el Parlament Oriol Pujol en la causa en la que indaga en la concesión irregular de estaciones de la ITV en Cataluña. Entre los delitos que se le imputan están los de cohecho y tráfico de influencias.

La jueza cree que Oriol Pujol se aprovechó de «sus múltiples influencias políticas» para beneficiar a empresarios como Sergi Alsina en procesos de deslocalización de ciertas firmas. A cambio, se producía la contratación ficticia de servicios de la marca de su esposa, Anna Vidal, también imputada en el procedimiento.

 De esta forma, su empresa, Alta Partners, recibió, al menos, 699.752 euros en siete años por las deslocalizaciones de Sharp, Yamaha y Sony, además de varias operaciones de colaboración con Seat y asesoramiento en el análisis del sector de centros deportivos.

Por su parte, el primogénito de los Pujol Ferrusola, Jordi, está imputado junto a su esposa, Mercé Gironés, en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz para determinar si el matrimonio y tres empresas de su propiedad recibieron comisiones a cambio de su mediación en la adjudicación de contratos públicos.

El togado, que les atribuye un delito de blanqueo de capitales y otro de fraude fiscal, interrogará el próximo 12 de noviembre a 11 presuntos colaboradores del matrimonio que habrían facilitado o recaudado los pagos investigados.

En un auto dictado el pasado miércoles, el magistrado revelaba que, seis días después de ser llamado a declarar en la Audiencia Nacional, Jordi Pujol Ferrusola movió 2,4 millones de euros desde una cuenta en Andorra hasta otra radicada en México. Ante el juez, sin embargo, el imputado aseguró el pasado 15 de septiembre que no tenía cuentas en el extranjero.

Según un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que obra en el procedimiento, Pujol Ferrusola y su esposa habrían recibido estas «millonarias comisiones no justificadas» por intermediar supuestamente en operaciones urbanísticas e inmobiliarias, participar en la compra y venta de participaciones mercantiles y ofrecer asesoramiento sobre distintos negocios.

La causa se inició a raíz de la denuncia de la exnovia de Pujol Ferrusola, María Victoria Álvarez, que aseguró que había acompañado a Jordi a bancos de Andorra para llevar bolsas repletas de billetes de 500 euros. «La gente no va por la vida así», aseguró el imputado ante el juez.

PARAÍSOS FISCALES. La última causa contra la familia Pujol Ferrusola la instruye el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que imputa a Oleguer un delito contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales por siete operaciones inmobiliarias, entre ellas, la compra de un hotel en Canarias con ocho millones de euros procedentes del paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Asimismo, investiga la compra de edificios de Bankia por parte de las sociedades Step Negocios y Ursus Alfa y operaciones realizadas entre la sociedad inversora Longshore y Prisa Division Inmobiliaria. Las pesquisas también se centran en la compra de inmuebles en Palma de Mallorca y la adquisición del edificio del Consejo General de la Abogacía por Step Negocios en 2012.

El juez abrió esta causa el pasado 1 de octubre después de admitir parcialmente a trámite una querella que habían presentad Podemos, Guanyem Barcelona y otros colectivos de Cataluña.