El expresidente de Caja de Burgos José María Arribas destacó que «por avalar y apoyar aquello» en lo que creía hoy tiene «embargada hasta la jubilación». «Me ha tocado empezar de cero», declaró ayer en la Comisión de investigación de las Cortes, donde defendió que todos los préstamos de la entidad burgalesa a sus empresas entre 2005 y 2010 «cumplieron siempre todos los requisitos de la caja» y no tuvieron un tratamiento mejor «ni en una décima».

El empresario burgalés, encausado judicialmente por presuntos créditos ventajosos durante su Presidencia de la entidad, aseguró que los préstamos no iban a su persona sino a sociedades que trabajaban con Caja de Burgos antes de que fuera presidente. El directivo repitió una y otra vez que todos los créditos cumplieron los requisitos para esas empresas y «para todas las empresas» y pasaron por todos los comités de análisis «hasta llegar a los consejos de administración, en los que no participaba ni votaba esas operaciones».

Asimismo, recalcó «bajo juramento», que ninguna empresa vinculada a su persona «tuvo un tratamiento mejor, ni en una décima, de lo que pudieron tener otras en los mismos momentos y circunstancias». Agregó que tenía «plena confianza» en el equipo técnico de la caja y en que «no hubiera aprobado nunca unas condiciones de diferenciación porque estuvieran ligadas a mi las empresas». «El que insinúe eso falta a la verdad».

Arribas defendió que no todas las cajas eran iguales, había entidades «muy profesionales», en las que el Consejo de Administración valoraban de forma «muy completa» todos los informes técnicos; y entre esas estaba Caja de Burgos. Asimismo, aseguró que había cajas que apostaban por el volumen y otras por la eficiencia, como la que presidía.

José María Arribas sostuvo que era un presidente «no ejecutivo» y «no tenía ningún poder ni sobre los consejeros, ni sobre los directivos y técnicos». «Mi función era representar a la entidad y moderar el Consejo de Administración, que siempre votaba con unanimidad».

Arribas precisó a preguntas de los procuradores regionales que el proceso en el que está encausado por una «denuncia que no responde a la verdad», por presuntas concesiones ventajosas para sus empresa entre 2006 y 2010, se refiere a 24 préstamos por 15,5 millones, y 21 operaciones de financiación de pólizas de créditos, líneas de descuento y avales, por 11,7 millones, según los datos derivados por CaixaBank al juzgado.

En este sentido, aunque ofreció unos datos «con tranquilidad y claridad», recalcó a los parlamentarios que lleva cinco años esperando a que este asunto se aclare en el juzgado. «No he hecho ninguna declaración por respeto al procedimiento y no me gustaría trasformar esta comparecencia en un debate de un banquillo dentro del Juzgado. No sería procedente y me resisto a ello», dijo.

El empresario burgalés, que presidió la entidad entre 1983 y 1987 y después entre 2003 y 2011 (renovó el cargo en 2006), también afirmó que todas las empresas excepto Indasa, por la que le inhabilitaron, tras entrar en concurso de acreedores, «han devuelto todas las operaciones».

En el caso de Indasa (industria del sector de la piel), trasladó su «pena» por su concurso en 2012, como socio y presidente que fue, porque «siempre pensó que era viable». Precisó que los últimos préstamos de Indasa de 2008 y 2009 los devolvió y que estaba endeudada por los créditos para las inversiones de su puesta en marcha. «Saqué a esa empresa dos veces de suspensiones», dijo, para constatar que se ofreció para volver a reflotarla y se rechazó. «El que más he sufrido y lamentado desde el punto de vista económico lo sucedido soy yo», concluyó.