Las vacaciones en el área de Intervención del Ayuntamiento no solo han dejado a más de medio centenar de familias sin poder cobrar las ayudas de urgente necesidad sino también facturas pendientes por un importe de 7,8 millones.

La situación se agrava todavía más cuando se ha conocido que tanto el interventor como el viceinterventor no tenían la autorización firmada por el alcalde, Javier Laca-lle, de quién dependen orgánicamente, y que el primero sí autorizó antes de marcharse las nóminas de los empleados municipales y una subvención al San Pablo Burgos.

Los dos funcionarios habilitados nacionales están disfrutando de sus vacaciones a la vez cuando lo normal es que lo hagan alternativamente para no dejar la sección de Intervención, de la que dependen todas las demás, sin m ando.

La concesión de cualquier permiso, vacaciones, realización de cursos y cualquier otra ausencia al trabajo de todos los habilitados nacionales (secretario, vicesecretario, tesorero, vicetesorero, interventor y viceinterventor) debe ser autorizada por escrito y firmada por el alcalde, Javier Lacalle, tal y como él mismo estableció en un decreto de enero de 2017, con el objetivo de «evitar ausencias simultáneas y en aras un correcto funcionamiento administrativo».

Por si no fuera suficiente, las bases de ejecución presupuestaria del Ayuntamiento establecen que los funcionarios que tengan a su cargo la función interventora dependerán orgánicamente del alcalde y funcionalmente del Área de Gobierno. De este modo, si el alcalde no les ha firmado su licencia por vacaciones estarían cometiendo una irregularidad y deberían regresar a su puesto de trabajo.

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