El Estado asumirá los 5,8 millones de euros que costará el mantenimiento anual de la AP-1 una vez que se liberalice, cifra a la que en 2019 se sumarán otros 1,4 millones para la demolición de las playas de peaje para dar continuidad a la carretera y otras actuaciones de adaptación de las instalaciones, para adecuar la autopista a sus nuevas características de vía libre. Estas son las cifras que ha ofrecido el ministro de Fomento esta tarde, durante su comparecencia en la Comisión de Fomento del Congreso.

El Gobierno ratifica su apuesta por un un modelo de conservación integral mediante un contrato cuya licitación ya tiene los pliegos aprobados y que se autorizará de manera inmediata por el Consejo de Ministros, previsiblemente en el de mañana.

En su comparecencia, el ministro ha avanzado también que el Gobierno se ha dirigido a los responsables de los gobiernos autonómicos que, como el de Castilla y León, están afectados por los tramos de autopistas cuyas concesiones finalizan en la presente legislatura. El objetivo es garantizar la prestación del servicio viario en condiciones óptimas tras su liberalización.

LOS TRABAJADORES

La secretaria general del PSOE de Burgos y diputada nacional, Esther Peña, ha expresado su satisfacción por la “disposición al diálogo y la sensibilidad” del nuevo ministro de Fomento. A esa actitud atribuye la posibilidad de subrogación que el secretario general de Infraestucturas, Javier Izquierdo, ha ofrecido, a petición del PSOE de Burgos, a los representantes del comité de empresa de la actual concesionaria de la AP-1 en una reunión que han mantenido esta mañana, según informa el PSOE en una nota de prensa.

Además, Izquierdo ha anunciado una reunión tras la licitación del contrato de mantenimiento de la autopista entre técnicos del Ministerio de Fomento y representantes de la plantilla de la actual concesionaria para analizar el caso de los 120 trabajadores de manera individual.

“No solo se incluirá la posibilidad de subrogar contratos. El objetivo es minimizar el impacto sobre el empleo en la medida de lo posible, por lo que se estudiarán también prejubilaciones y posibles readaptaciones de puestos de trabajo, en el caso de los trabajadores y trabajadoras de los peajes”, apunta Peña.

La parlamentaria burgalesa subraya que “el Gobierno está tramitando con urgencia todo lo relativo a la liberalización de la autopista porque el anterior Ejecutivo no había movido ni un dedo para que el tráfico por esta vía fuera gratuito”.