La Justicia europea anula el acuerdo con EEUU sobre protección de datos

Agencias
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El Tribunal de Luxemburgo invalida la decisión comunitaria de transferir referencias de los internautas al considerar que Washington no garantiza la seguridad de la información cedida

 
 
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo, anuló ayer la decisión de la Comisión Europea de considerar Estados Unidos como «puerto seguro» para la transferencia de datos personales de europeos, y deja en manos de los Estados miembro «decidir si debe suspenderse la transferencia» de la información de usuarios comunitarios en compañías como Facebook a EEUU. 
 En la sentencia se señala que la ley norteamericana prevalece sobre el régimen de puerto seguro, por lo que las entidades del país «están obligadas a dejar de aplicar, sin limitación, las reglas de protección previstas» cuando entre en conflicto con las exigencias de seguridad nacional. Ello permite «injerencias» de las autoridades de EEUU en los derechos fundamentales de las personas y el acuerdo que firmó Bruselas con Washington en 2000 «no pone de manifiesto que en Estados Unidos haya reglas destinadas a limitar esas posibles injerencias, ni exista una protección jurídica eficaz contra éstas», explica la sentencia. 
Luxemburgo recordó al Ejecutivo comunitario que su obligación de comprobar si Estados Unidos «garantiza efectivamente un nivel de protección de los derechos fundamentales sustancialmente equivalente al garantizado en la UE». 
La sentencia responde al caso de un ciudadano austríaco, Maximillian Schrems, usuario de Facebook desde 2008. Sus datos, como el del resto de usuarios de esta red social, se transfieren total o parcialmente de la filial irlandesa de la compañía a servidores situados en suelo norteamericano, en donde son «objeto de tratamiento». 
Schrems denunció ante la autoridad en Dublín esta práctica, al considerar que las revelaciones de Edward Snowden en 2013 -sobre las actividades de los servicios secretos de EEUU- demostraban que la normativa y la práctica de Estados Unidos «no garantizaban una protección suficiente de los datos transferidos a ese país, frente a las actividades de vigilancia por las autoridades públicas».