Cerca de cuatrocientas personas se movilizaron para mostrar su rechazo a la conversión del servicio de Urgencias del Hospital Comarcal Santiago Apóstol en una unidad de gestión clínica. La concentración, convocada por la coordinadora Mirand@ por lo público   partió frente a la sede del Partido Popular y se dirigió posteriormente a la Plaza España.

Al grito de «no somos clientes, somos pacientes» o «esta privatización la vamos a parar», la marcha transcurrió con normalidad aunque quizá contó con menos respaldo del esperado, en parte porque la coincidencia con la Feria del Ángel, lejos de sumar gente, le restó protagonismo, a pesar de que el recorrido concluyó en el casco viejo. Entre los asistentes, la mayoría integrantes de los colectivos que componen la coordinadora, aunque también hubo muchos ciudadanos anónimos y personal sanitario.

 «En la década del 80 fuimos los mirandeses quienes, tras protestas masivas, conseguimos un hospital nuevo para la comarca», comenzó recordando el comunicado, para acto seguido hacer un breve repaso de los logros ciudadanos en materia sanitaria. «También peleamos por la implantación del 061, paralizamos la privatización de la lavandería, y para reclamar un servicio de oncología, el pueblo se organizó y venció».

Para la coordinadora, estos ejemplos evidencian que «la historia del Santiago Apóstol es la historia de la lucha del pueblo de Miranda frente a los que pretenden utilizar nuestras vidas como fuentes de ingresos» y justificaron la convocatoria en que «detrás de  las unidades de gestión clínica se esconde un intento de fragmentar, deteriorar y privatizar un servicio tan importante para la salud como el de Urgencias».

En este sentido, consideran «perverso» emplear el déficit económico como argumento para proponer un cambio en el modelo de gestión, al entender que en materia sanitaria debe regir la búsqueda de la rentabilidad social por encima de la financiera. «Hemos tenido un sistema sanitario que ha sido la envidia de muchos países porque se ha conseguido más asistencia con menos gasto, pero detrás de estos discursos hay intereses empresariales».

 En este punto, se culpó al PP y «los secuaces oportunistas que aplican sus políticas» de pretender, mediante el decreto que regula las unidades de gestión, «robar un servicio de todos desde los despachos y de forma opaca, porque cuando hablan de optimizar lo hacen de recortes y cuando hablan de retribuciones lo hacen de incentivos, tratándonos como mercancía».