La conversación con Elena Hermoso, sorda profunda de 47 años, se mantiene a través de una intérprete, pero lo cierto es que Hermoso habla y se expresa oralmente bastante bien. Y esta circunstancia, que ella dice que no tiene nada de particular porque es fruto de la educación recibida en el colegio, es una de sus grandes barreras. ¿Por qué? Porque cuando va a los servicios profesionales de valoración, siempre le dan a entender que ella ‘no tiene mucho problema’ porque se maneja. «Eso es lo que más me ofende, que me digan que hablo muy bien», destaca Hermoso.
La queja de esta mujer por las dificultades que tiene para que le valoren en el grado que ella cree proporcional a una sordera profunda es generalizada en Burgos. Tanto discapacitados auditivos como responsables de asociaciones de afectados denuncian que se han quedado fuera de toda prestación precisamente por ser sordos. «Yo tengo cuatro sentidos, igual que las personas ciegas, pero el tratamiento no es el mismo», lamenta, destacando que la sorpresa ha sido mayúscula al comprobar que tampoco tienen cabida en el grado de dependencia más leve que contempla la ley de Promoción de Autonomía Personal y Dependencia. «No solo no me ha aportado nada, sino que me ha cerrado puertas», remacha, especificando que tiene una valoración de discapacidad del 53% «y no llego al mínimo».
Esto significa que Hermoso no va a recibir ayuda para comprar un audífono que le permitiría distinguir algunos sonidos y tampoco puede beneficiarse de la normativa laboral que permite a quienes tienen una discapacidad superior al 65% reducir un año de cotización para jubilarse por cada cuatro trabajados. «Es que esa es otra: nosotros trabajamos, aportamos al Estado y ¿qué recibimos?», se pregunta esta empleada de la empresa de aire acondicionado Lennox, que tiene en plantilla a cuatro personas sordas y en la que Hermoso se encarga del montaje de cuadros eléctricos. «Apostaron por mí», cuenta, con visible satisfacción
Las quejas de Hermoso y son compartidas por otraa con discapacidad intelectual o cognitiva, que están en la misma situación. «Quisiera volver al siglo XX porque cuando yo era pequeña teníamos más apoyo del Estado. Éramos muchos, pero nos daban cantidad de material específico para el colegio y para todo. Y ahora que hay menos niños sordos, les ofrecen menos recursos y tienen que pelear más», concluye.

Juan Antonio Mamolar / Hermano de discapacitada intelectual

«El copago es básico, pero hay que matizar los criterios para regular cuantías»

Juan Antonio Mamolar tiene una hermana con discapacidad intelectual, que tiene 49 años y vive en la residencia de Salas que ahora gestiona Aspanias. Interviene este reportaje para dar el punto de vista de las familias con respecto a la ley de dependencia, a la que tilda de «muy buena, con todos los matices que queramos, pero muy buena».
Esto no quiere decir que Mamolar no crea que hay aspectos que corregir. El primero, la fórmula establecida para aplicar el copago, del que, subraya, está a favor. «Creo que es necesario en todos los ámbitos de la vida y en lo relativo a dependencia es básico. Ahora, hay que matizar cuánto y de qué manera en función de la situación de cada persona», comenta, poniendo como ejemplo a su propia hermana. Ella, dice, tiene unos ingresos que rondan los 500 euros al mes y le corresponde pagar «unos trescientos euros y pico» por las prestaciones que recibe. Entonces, le queda como remanente poco más del mínimo establecido por la ley. «Unos 140 euros», apunta, especificando que «tiene ayuda constante de mi madre y dispone de un fondo que fuimos generando para ella». Si no tuviera este apoyo familiar, su hermana tendría que cubrir todas sus necesidades básicas (ropa, dentista, oculista, ocio...) con poco más de cien euros y, como han denunciado Aspanias y otras organizaciones, esto implicaría que tendría que renunciar a algo y, por lo tanto, también se estarían mermando sus opostunidades de inclusión.
Otra cuestión que Juan Antonio Mamolar cree que hay que abordar de otra manera sin dilación es la desigualdad territorial en la forma de aplicar la ley. «Como familiar, creo que es una desgracia que cada Comunidad Autónoma haga lo que le parezca», criticó, aprovechando para «romper una lanza a favor de Castilla y León porque, sin ser la que mayor nivel económico tiene ni mucho menos, está organizando sus recursos de manera más eficiente». Algo que, considera, se debe a la apuesta del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. «Pero me parece lamentable que el sistema dependa de la voluntad de una persona; debería depender exclusivamente de la ley», asegura, destacando que este aspecto también está relacionado con el anterior. «Insisto en el copago porque creo que la Administración debería emplearlo en la prestación de más servicios y nuevos proyectos, que luego puede desarrollar la iniciativa privada. Pero en ningún caso debe embolsárselo para sí misma», concluyó.