Mantener la viabilidad del sistema de pensiones y el poder adquisitivo de los jubilados es uno de los temas que más preocupa al Gobierno y al conjunto de los españoles.

La incertidumbre en este tema ha llevado al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social a anunciar su intención de retrasar la edad efectiva de jubilación desde los 62,7 años actuales a 65,5 en un plazo de tres décadas, pero sin tocar el tipo legal de jubilación. A partir de 2027, será de 67 años si se han cotizado menos de 38 años y 6 meses o de 65 años si se ha superado este tiempo más. 

El secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, indicó ayer que su intención coincide con las recomendaciones que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) realizó en su informe para garantizar la sostenibilidad de las pensiones. 

La edad de jubilación efectiva en 2018 en España se situó en 62,7 años frente a un tipo legal ligeramente superior a los 65 años. La AIReF prevé que en 2027 se coloque en los 64,5 años y ve posible aumentar esta cota mediante distintas vías que no impliquen necesariamente un aumento de la edad legal, aspecto en el que coincide Trabajo. 

En los cálculos recogidos en su informe de pensiones, la AIReF simuló un aumento de un año en la edad efectiva, desde los 64,5 años en 2027 hasta 65,5 años en 2048. Esta medida supondría una contención adicional del gasto en esta partida de entre 0,4 y 1,2 puntos porcentuales en 2048. 

Granado comparte la intención de llevar la edad real de jubilación hasta los 65,5 años durante los próximos 30 años sin elevar la edad legal de jubilación. Sin embargo, insistió en que este incremento es una medida a largo plazo que se debatirá en los próximos meses. 

No obstante, el Gobierno dejó claro que una cuestión así debe ir acompañada de una reflexión «profunda» sobre la tasa de reemplazo, de incentivos a la continuidad en el mercado de trabajo y de introducir marcos flexibles entre actividad y jubilación. 

En la actualidad, la evolución del mercado de trabajo hace que los trabajadors tiendan a jubilarse más tarde, ya que los contratos son cada vez «menos penosos» y se automatizan más los procesos. 

El Ejecutivo también se mostró favorable a extender el período de cómputo para el cálculo de la pensión (ahora son 22 años y serán 25 años a partir de 2022). 

La Autoridad Fiscal recomendó en este punto elevar el período de cálculo más allá de los 25 años y hace una simulación sobre lo que supondría situar en 2027 este cómputo en 35 años puesto que el gasto en pensiones se contendría en medio punto del PIB en 2048. 

En esta línea, el Ministerio deTrabajo se mostró favorable porque acercaría la legislación española a estándares europeos y no debería producir «efectos negativos». 

Asimismo, el Gobierno aseguró que se inclina por una discusión serena en las mesas del diálogo social y del Pacto de Toledo para identificar qué gastos deben ser financiados por las cotizaciones sociales y qué gastos deben recibir financiación tributaria. 

Sobre el factor de sostenibilidad, el Ejecutivo apuntado que es partidario de aplicar fórmulas más flexibles y adaptadas a los diferentes colectivos, antes que establecer una norma que se aplique de forma taxativa a todo el mundo.