Tras una dura campaña lanzada por la junta directiva de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en la que se pedía el sí a la reforma estatuaria a la que está obligada para adaptarse a la nueva Ley de Propiedad Intelectual, con dramáticos llamamientos a que si no «sería un suicidio» para los socios, la Asamblea General Extraordinaria celebrada ayer por la entidad rechazó la medida, quedando abocada a la intervención y desaparición.

La modificación de los estatutos, que tenía que ser aprobada con una mayoría necesaria de dos tercios, no salió adelante después de que de los 22.536 votos, 9.220 fueran contrarios y 13.034 a favor.

Con este resultado, la SGAE no estaría cumpliendo el requerimiento impuesto por el Ministerio de Cultura (que vence hoy), que ahora, según el artículo 192 de la Ley de Propiedad Intelectual, puede iniciar los procedimientos para intervenir a la mayor entidad de derechos de autor de España.

Durante la reunión, que tuvo lugar en Madrid, los socios sí que dieron su apoyo a la normativa de reparto de derechos de autor con 12.022 votos a favor (el 54,74 por ciento), 9.755 en contra (el 44,42 por ciento) y 185 abstenciones.

Con este resultado la entidad acepta lo que marca la nueva Ley de Propiedad Intelectual que se aprobará el próximo mes de febrero: poner un tope del 20 por ciento a lo recaudado por cada autor por la emisión de su obra en un horario nocturno, la conocida como rueda de las televisiones. Se trata del mismo tope impuesto por el laudo emitido el pasado año por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI). Un porcentaje con el que se pone fin a una práctica denunciada en 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción por el expresidente de la SGAE Antón Reixa, y que tres años más tarde fue objeto de una operación policial contra el fraude en el cobro de derechos de autor de piezas musicales que se emitían en cadenas de televisión en horario nocturno y que podía ascender a 100 millones de euros.