La parada del reactor el pasado 16 de diciembre y la consiguiente reducción de la carga de trabajo en la central nuclear de Santa María de Garoña han originado que «más de la mitad del personal» perteneciente a las 55 empresas subcontratadas por Nuclenor haya abandonado la planta y, «según las previsiones, irán saliendo más trabajadores en los próximos días», según la información facilitada a DB por la empresa propietaria. Se trata de en torno a 200 personas, de las que 150 venían desempeñando su trabajo de forma diaria en la planta, en algunos casos desde hace más de dos décadas, y medio centenar que realizaban trabajos eventuales.
Representan la cara más amarga de la parada prolongada de la central y de la decisión tomada el 28 de diciembre por el Consejo de Administración de Nuclenor en vista de las consecuencias que la nueva fiscalidad iba a ocasionar a la empresa. Sus portavoces, así como Iberdrola y Endesa, propietarias de Nuclenor, han reiterado desde entonces que la decisión fue motivada solo por «razones económicas». Si Nuclenor hubiera solicitado y obtenido una nueva licencia de operación por seis años hasta 2019, como le permitió el Ministerio de Industria, hubiera tenido que desembolsar 374 millones de euros para costear las nuevas tasas a la generación eléctricay a la producción de combustible nuclear gastado. A ello, habría de sumar la inversión de otros 106 millones, siempre según las cifras de Nuclenor, para afrontar las reformas marcadas por las pruebas de resistencia tras el accidente de Fukushima y las exigencias del Consejo de Seguridad Nuclear para la renovación de la licencia hasta 2019. La empresa aseguró en diciembre que continuar en estas condiciones le hubiera ocasionado «unas pérdidas de 96 millones de euros». Probablemente, la caída de los precios de la electricidad que se está produciendo hubiera elevado estos cálculos de realizarse en la actualidad.
Las empresas subcontratadas por Nuclenor han utilizado distintas fórmulas para reconducir la situación e ir dando salida a sus trabajadores. Muchas han optado por los despidos directos de parte de su personal, otras han recolocado a sus empleados en otros centros de trabajo, en algunos casos con un futuro incierto, y otras, como Norca o Eulen, han optado por iniciar expedientes de regulación de empleo (ERE’s)de suspensión temporal. Eulen, la contrata con más trabajadores en Garoña, inició el pasado 1 de abril un ERE que afecta a 40 de sus 70 empleados, quienes han visto reducidas sus jornadas entre un 27 y un 67 por ciento, en función de la disminución de la carga de trabajo de cada departamento. El ERE se mantendrá hasta julio, a la espera, según Eulen, de que Nuclenor cuente con esta empresa para realizar trabajos en el predesmantelamiento.
Las empresas subcontratadas por Nuclenor fueron informadas en febrero de la nueva situación y se les prometió que serían tenidas en cuenta para posteriores trabajos de predesmantelamiento que habrá de afrontar Nuclenor en los años posteriores al cese definitivo hasta que el combustible gastado salga del emplazamiento. Pero desde entonces apenas han vuelto a tener noticias. Según aseguran algunos de sus responsables, «en Garoña todo va encaminado al cierre definitivo».
Mientras tanto, Nuclenor mantiene al completo su plantilla. El comité de empresa lleva seis meses negociando con la empresa el proceso para «una salida ordenada» de los 290 trabajadores de la firma, que ha visto prejubilarse a 10 en los últimos meses. Sin embargo, el presidente del comité, César González, afirma que «aún no hemos cerrado nada». Desde Nuclenor confirman que «la empresa está respondiendo al acuerdo de recolocaciones y por ello se reúne permanentemente con Iberdrola y Endesa, así como con responsables de centrales nucleares y otras empresas con esta finalidad». «Hay perfiles profesionales que pueden interesarles», añaden, aunque prefieren no avanzar cuándo se trasmitirá a los empleados la bolsa de trabajo a la que pueden acceder. Sin embargo, entre la plantilla de Nuclenor se ha extendido la información de que esta semana comenzarán a comunicar sus posibles destinos a los 90 trabajadores más jóvenes que se pretende recolocar.
Desánimo. La previsión de Nuclenor, según ha podido saber DB, es que, si se produce el cese definitivo, sigan trabajando en la central unos 140 trabajadores y otros 70 se prejubilen. Quienes no encajen en ninguna de las opciones se podrán acoger a bajas incentivadas voluntarias.
Trabajadores de Garoña consultados por DB afirman que el «es desánimo es total». Pocos confían en los mensajes que repetidamente han lanzado tanto el ministro de Industria, José Manuel Soria, como el secretario de Estado para la Energía, Alberto Nadal. Ambos hablan de diálogo con las empresas para reconducir la situación, pero insisten en que «la decisión» es de Iberdrola y Endesa, propietarias de Garoña. Sin embargo, las eléctricas siguen sin confirmar ni desmentir las posibles negociaciones y el pasado día 21, el presidente de Endesa, Borja Prado, señaló que debe ser el Gobierno el que busque alguna «fórmula alternativa», si desea que la planta continúe operando. Así pues, parecen lanzarse unos a otros la patata caliente de Garoña y nadie sabe con certeza en qué tejado está.
Nadal manifestó hace un mes en la Comisión de Industria del Senado que su Secretaría de Estado mantiene «un diálogo continuo con las empresas» y aseguró que no ha «tirado la toalla». Este diálogo está encaminado, señaló, a «ver qué podemos hacer para ayudar a que la decisión sea que continúe la actividad de la central». Algunos fuentes han afirmado que las eléctricas tratan de pactar, como mínimo, un permiso de diez años para Garoña, de 2013 a 2023, e incluso una ampliación de la vida útil de las nucleares a los 60 años, que permitiría a los propietarios de la planta amortizar sus inversiones.