El Ayuntamiento de Aranda empieza a contar como varapalos cada una de las ocasiones en que acude al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León con asuntos relacionados con la estación depuradora de aguas residuales de la capital ribereña (EDAR). La Sala de lo Contencioso Administrativo ha contestado a los recursos interpuestos por el Ayuntamiento contra las sentencias que emitió en diciembre de 2011, por las que daba un plazo de un mes para legalizar la planta o derribarla y planteaba el nombramiento de un perito que determinase la indemnización por daños y perjuicios que correspondería abonar a El Ventorro por los perjuicios ocasionados por la ubicación ilegal de esta infraestructura. Y lo ha hecho incidiendo en que no ha lugar a la estimación de los recursos del Consistorio y ratificando el contenido de los citados fallos.

En los fundamentos de derecho del primero de los autos, el tribunal ratifica que la EDAR debe eliminarse en cuando no haya sido legalizada y no consta que se haya hecho «por lo que sin duda la sentencia no se ha ejecutado». Respecto a la discrepancia del Ayuntamiento con la imposición de las costas, incide en la «temeridad manifiesta» del Consistorio al intentar que se considere legalizada una obra simplemente por el cambio legislativo que eliminó la distancia mínima de dos kilómetros a un núcleo de población que provocó su ilegalidad, sin tener en cuenta que no tiene ni licencia de actividad y obra, al haber sido anulada, y que no se ha legalizado.

Pero profundizando más en este aspecto, acusa al Consistorio de temeridad por intentar por todos los medios no ejecutar la sentencia, realizando actuaciones tendentes a alargar los trámites de ejecución, e incluso le atribuye «mala fe pues no hace sino realizar actuaciones tendentes a dilatar sine die la ejecución» del fallo.

Respecto al segundo recurso, desestima también el interpuesto contra el fallo que sentaba las bases para fijar una posible indemnización por los daños y perjuicios ocasionados a la recurrente, la sociedad mercantil El Ventorro, por la ubicación ilegal de la planta.

De estos dos autos, solo el primero es recurrible, en casación ante un órgano jurisdiccional superior en un plazo de cinco días. A pesar de que el Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de acudir a esta vía, el hecho de que desde la otra parte se haya presentado un incidente de aclaración ante las contradicciones surgidas sobre la imposición de las costas, ha provocado que haya que esperar a solventar este trámite para que pueda formalizarse.

DOS MESES EN LA OSCURIDAD

Se da la circunstancia de que ambos autos fueron emitidos, respectivamente, el 27 y el 28 de febrero, sin embargo no ha trascendido su existencia hasta ahora, prácticamente dos meses después de su notificación. En este sentido, la alcaldesa, Raquel González, argumenta que no ha puesto en conocimiento del resto de la Corporación municipal ni de la ciudadanía su existencia ya que considera que son cuestiones de «puro trámite»  y «sin la menor importancia». «Se están sacando las cosas de quicio. A los profesionales que están defendiendo los intereses del Ayuntamiento hay que dejarles trabajar con tranquilidad. Nunca jamás, cuando estaba en la oposición, se me ocurrió preguntar si se había contestado a un recurso», señala, argumentando que cuando haya cuestiones de trascendencia sí que informará al respecto.

La regidora advierte que mientras se solucionan todos estos recursos, el Ayuntamiento no ha permanecido inmóvil, sino que ha iniciado los trámites para proceder a la legalización de la depuradora, tal y como le instaba la sentencia de diciembre de 2011 y que, a su juicio, fue un verdadero logro para el Ayuntamiento. En este sentido, recuerda que se ha solicitado la elaboración de un estudio de impacto ambiental, junto a los informes pertinentes, a la empresa Saitex para proceder a la legalización de la planta.