El Partido Castellano ha presentado esta mañana en la Fiscalía de Burgos una denuncia contra César Rico, presidente de la Diputación Provincial de Burgos y los otros 16 diputados provinciales del PP por los presuntos delitos de "malversación de fondos públicos y prevaricación, al abonar una factura, a cargo de las arcas de la institución provincial de 252.890 euros, a favor del Letrado Juan Manuel García- Gallardo Gil-Fournier, por diferentes litigios entre la empresa constructora de la presa de Alba (PRESALBA UTE) y la Diputación Provincial, a la que éste defendió", indican en una nota de prensa.
La denuncia de la formación castellanista se basa en diferentes hechos. En primer lugar, dicen, el pago se realiza por unos servicios que se remontan a 1996 y 1997, cuando la Diputación Provincial tuvo una serie de litigios por diferentes actuaciones en la Presa del Alba. En concreto, "se abonan 7 procedimientos diferentes, en una sola factura, sin tener en cuenta por parte de la Diputación ni la prescripción de alguna o todas ellas ni el análisis de las costas". "Alguna de las sentencias -continúan explicando- habla de compartir costas entre los litigantes, mientras que la Diputación abona íntegramente lo solicitado por el abogado sin estudiar esta circunstancia".
Desde las filas del Partido Castellano-Tierra Comunera también se denuncia el procedimiento para realizar el pago, en opinión de Domingo Hernández, candidato del PCAS-TC a la Alcaldía de Burgos, "se debiera haber iniciado un expediente de Responsabilidad Patrimonial, y no una modificación de crédito".
"Por si esto fuera poco, para el cálculo de la minuta se tienen en cuenta los criterios del Colegio de Abogados de Castilla y León de 2009, y no el aplicable a unos trabajos realizados en el siglo pasado (1997), incluso con un IVA inferior, y sin duda de un importe mucho menor a los fijados en el pago", sostienen, al tiempo que señalan que "tampoco se determinó, por anticipado, el precio por los servicios a prestar".
Los informes de la Secretaría General, en opinión del PCAS-TC, "siembran ciertas dudas", en concreto el informe del 3 de mayo de 2013 en el punto segundo, donde se cita textualmente: 'La cuestión de legalidad de los acuerdos de referencia pierde gran parte de su relevancia…'. En otro informe del 10 de mayo aparece lo siguiente: '… aún cuando los acuerdos de referencia adolecieran en su momento de irregularidades, incluso esenciales, como es la falta de tramitación de un procedimiento específico o la ausencia de determinación del precio,…'.
El PCAS concluye su comunicado haciendo referencia a Juan Manuel García-Gallardo, secretario de la Sociedad Nuevo Hospital de Burgos S.A (con nombre comercial 'Eficanza') desde junio de 2009 hasta julio de 2014. El Letrado es también "habitual en la defensa de presuntos corruptos del PP, entre ellas la defensa de Fernández Santiago por su imputación en el caso Gürtel", concluyen.