La sucesión de destrozos en varias fiestas a lo largo del verano mantiene en vilo a los alcaldes, que piden más presencia de la Guardia Civil y señalan a las empresas de transporte colectivo que llevan hasta ellas a cientos de jóvenes. «Estamos abiertos a planificar medidas», responde José María Arribas.
Unas ordenanzas municipales que prohiban el consumo de alcohol en la vía pública, algo que ya ocurre por ejemplo en el caso de Burgos capital, podrían generalizarse en los pueblos pequeños como mecanismo de defensa contra el vandalismo en sus fiestas. Esa es, al menos, la receta que sugiere la Subdelegación del Gobierno ante la creciente preocupación de los alcaldes por un fenómeno que venía creciendo en los últimos años y que se ha mostrado con especial crudeza a lo largo de las pasadas semanas.
Varias localidades, especialmente en el entorno del alfoz, han vivido destrozos, intentos de atropellos e incluso la profanación de una iglesia, como fue el caso de Quintanilla Vivar. Y siempre coincidiendo con la llegada masiva de jóvenes procedentes de fuera de la localidad. Su objetivo, en teoría, es disfrutar de las fiestas y su presencia antes era vista como positiva por los pueblos porque suponía mejorar el ambiente de sus celebraciones y un beneficio en forma de ingresos económicos para la hostelería y el comercio locales. La realidad, sin embargo, es que dejan muy poco o nada de dinero en la localidad porque su forma de consumo es el botellón (adquirido y preparado desde sus puntos de origen) y a cambio generan problemas.
Bien lo sabe Gloria Illera, vecina de Sasamón. Apenas llevaba un rato acostada cuando a las 6,45 de la mañana del día 7 escuchó «un golpe tremendo» casi a la puerta de su casa. Cuando se asomó a la ventana no podía creer la escena: «Había un montón de chavales que no tendrían más de 18 o 20 años y alguno de ellos había tirado una parte de la tapia una bola enorme de piedra. Mi marido les empezó a reñir y uno de ellos, rubio, se echó a correr». En efecto, el patrimonio de esta localidad de la provincia ha sido una de las últimas víctimas del vandalismo vinculado a las fiestas de los pueblos, y nadie hasta el momento ha podido ser identificado aunque los hechos ya han sido denunciados ante la Fiscalía para que se investiguen. «Ninguno era del pueblo ni de los alrededores. No me sonaba ninguno de ellos», explica Gloria.
La preocupación creciente ha llevado a varios alcaldes afectados (los de Arcos de la Llana, Quintanilla Vivar, Sotopalacios o Lerma) a reclamar mayores medidas de seguridad y una colaboración de las administraciones competentes, pensando sobre todo en la Subdelegación del Gobierno. El regidor de Arcos, Jesús María Sendino, tiene una cita con el subdelegado este próximo jueves. Y en ella José María Arribas le trasladará su disposición a colaborar con los pueblos.
«Estamos abiertos a trabajar con ellos, a escucharles y a llevar a cabo una planificación que nos permita tomar las medidas que sean posibles», explica el subdelegado. Su ofrecimiento parte de que los ayuntamientos le trasladen con antelación las fechas de posibles incidencias y las circunstancias que las rodean (previsión de aglomeraciones, horas de mayor afluencia a los pueblos), de forma que la Guardia Civil pueda realizar controles itinerantes y ‘peinar’, multiplicando sus esfuerzos, el vasto territorio de una provincia que concentra entre agosto y septiembre un alto porcentaje de sus fiestas. Para eso sería especialmente útil la convocatoria de la Comisión Local de Seguridad, una figura prevista para los pueblos que no dispongan de Policía Local.
Pero más allá de lo que pueda ofrecer la Subdelegación, José María Arribas apunta a una forma de atajar el origen del problema que pasaría por que «las corporaciones regulen en sus ordenanzas el consumo de alcohol en la vía pública, algo que a su vez habilitaría a la Guardia Civil para imponer sanciones». Es decir, que los pueblos sigan el ejemplo de las grandes ciudades y desarrollen sus propias leyes anti botellón para que los agentes del orden puedan actuar.
No se trataría de prohibir radicalmente las bebidas etílicas, pues siempre quedarán la opción de los bares, las terrazas o las barras callejeras autorizadas, pero la complejidad de una medida así impone, de primeras, a los alcaldes. El propio Sendino alega que esa ordenanzas podría «crear problemas y una mala imagen del pueblo, cuando precisamente los del pueblo no son los que los crean sino los que los sufren», aunque admite que con una norma así en la mano la Guardia Civil, a la que reclama mayor presencia, sería más efectiva en su labor disuasoria.
Varios de los alcaldes afectados este verano, como el de la Merindad de Río Ubierna, han apuntado directamente a las flotas de autobuses que transportan a los jóvenes como una de las fuentes de problemas. Para las empresas que realizan este tipo de servicios reclaman rigurosos controles, que se vigile el transporte de bebidas alcohólicas a bordo o la presencia de menores.
Una de ellas, Viajes Iglú, ofrece para este fin de semana desplazamientos a Los Balbases y a Villagonzalo Pedernales por 8 y 6 euros respectivamente, con salida de los vehículos desde el centro de Burgos entre las 22,45 y las 0,15 horas y el regreso entre las 5,15 y las 7,00 tal y como explícita una publicidad que se ha difundido por las redes sociales.
«¿Y qué hacen los jóvenes entre las 3 o las 4 que acaba la verbena hasta que regresan?» El regidor de Villagonzalo, Juan Carlos de la Fuente, se hace esa pregunta mientras aguarda con notable temor a ver cómo se desarrollan sus propias fiestas a lo largo de este fin de semana y coincide con varios de sus homónimos en reclamar más presencia de fuerzas del orden.
Hoy tiembla Villagonzalo. A la vista de la llegada de autobuses a Villagonzalo, De la Fuente registró el jueves una carta dirigida al subdelegado en la que le recordaba que «la responsabilidad de todos los hechos vandálicos» que pudieran producirse es «sola y exclusivamente suya como jefe del cuerpo de la Guardia Civil». En el escrito, en un tono de dureza, el regidor advierte a la Subdelegación de la «alarma social» y del peligro de «desorden público» que teme se cierna sobre su población, mientras señala como foco de problemas los viajes organizados por empresas de autobuses.
Desde Viajes Iglú uno de sus responsables, Carlos Fernández, rechaza la responsabilidad que algunos achacan a empresas como la suya y argumenta que «si hay 1.500 chavales que llegan de fuera a un pueblo nosotros llevamos 300, y también ha habido problemas de vandalismo en pueblos o en días donde no había autobuses». Fernández sostiene que, ante cualquier sospecha de que uno de sus viajeros sea menor de edad, le solicita la documentación y argumenta que «el 60% de los chavales que llevamos son chicas, que siempre suelen dar menos problemas».
Viajes Iglú admite, en cualquier caso, que se está planteando dejar de prestar este tipo de servicios a la vista de las críticas que está recibiendo: «Temo, sobre todo, que los vehículos sean objeto de ataques por parte de alguien del pueblo que la tome con nosotros».
Frente a la insistencia en multiplicar la labor de la Benemérita, el subdelegado José María Arribas reconoce que «los medios son limitados» y por eso responde diciendo que «es necesaria una valoración previa de los riesgos» para lo que vuelve a reclamar las reuniones previas con los alcaldes, antes de que lleguen las fiestas y se avecine el problema.
A su juicio, además, no debe criminalizarse el papel de los autobuses que desplazan masivamente a la gente más joven, pues dando por supuesto que las empresas deben «cumplir los requisitos correspondientes» añade que el papel de los vehículos colectivos «es positivo porque rebajan los riesgos en materia de seguridad vial». Basta imaginar una procesión de coches particulares volviendo de una fiesta regada en alcohol para imaginar cuáles serían esos peligros.
Sea cual sea la solución que se adopte, será ya de cara a próximos años. Los actos vandálicos sufridos por los pueblos no tienen marcha atrás y el calendario de fiestas masivas está a punto de tocar a su fin coincidiendo con la llegada del otoño. Quizás 2014 haya sido el último verano con impunidad generalizada en torno al botellón rural.