El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, y la cúpula fiscal catalana celebraron ayer una reunión en la que coincidieron en su convencimiento de que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, cumplirá con la Constitución y no desobedecerá la eventual suspensión que fije el Tribunal Constitucional de la consulta soberanista prevista para el próximo 9 de noviembre.
El máximo responsable del Ministerio Público necesitó poco más de una hora para conversar con los cuatro fiscales jefes provinciales y el fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, quien llegó al cargo tras la dimisión de su antecesor Martín Rodríguez Sol en marzo de 2013 por manifestar que veía legítimo que Cataluña aspirara a consultar a sus ciudadanos.
Al finalizar el encuentro, que tuvo un perfil bajo y en el que se abordaron otras cuestiones ajenas al referéndum de la región, los interlocutores salieron sonrientes de la sede de la Fiscalía General del Estado y solo manifestaron que todo fue «bien» sin querer hacer más declaraciones a los medios de comunicación.
Según informó poco después el Ministerio Público, los fiscales confían en que el ordenamiento legal será respetado por «todas las instancias», tanto en los preceptos legales emanados de la Constitución como en los eventuales pronunciamientos de los tribunales.
Los asistentes se mostraron expectantes ante el escenario futuro e invitaron a entrar a examinar hipótesis de futuro, ya que están convencidos de que se cumplirá la legalidad, por lo que la cuestión catalana no ha acaparado gran parte del tiempo de la reunión, según determinaron fuentes cercanas a, si bien Torres-Dulce ya destacó el martes en Bilbao la importancia de coordinar una respuesta común en la Fiscalía por si las instituciones catalanes no acataran la suspensión del referéndum.
En su opinión, el ministerio «prevaricaría» en caso de no actuar si se «persistiera en algún ámbito en negar la efectividad de un mandato legítimo y constitucional». «O aceptamos el Estado de Derecho o nos situamos a extramuros de él», sentenció.
El Parlamento catalán prevé aprobar hoy mismo la Ley de Consultas catalana para después publicar el decreto de convocatoria del 9 de noviembre. Ambos serán recurridos por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional que, automáticamente, suspenderá su ejecución durante un plazo de cinco meses sin necesidad de entrar en el fondo, según marca la Carta Magna.
CITA ORDINARIA. La Fiscalía aseguró ayer que, además de la actualidad en la región con aspiraciones secesionistas, se han analizado otras cuestiones de despacho ordinario relativas a su organización, ya que la reunión había sido fijada antes del verano y tiene carácter ordinario. De esta manera, argumentaron que se han discutido asuntos que ya fueron objeto de estudio con el presidente catalán Artur Mas en la reunión de trabajo que mantuvieron el pasado julio.
Según este planteamiento de la reunión, los cinco tenían en la agenda hacer un repaso de las necesidades materiales, de personal auxiliar así como los programas informáticos y la compatibilidad de medios tecnológicos para permitir trabajar en red a los miembros del Ministerio Público. Además, se examinó el estado de los acuerdos adoptados en la Comisión Mixta Ministerio Fiscal-Generalitat.
Mientras tanto, ayer mismo, el presidente catalán, Artur Mas, y el líder de ERC, Oriol Junqueras, se reunieron en el Parlament para reafirmar la unidad de cara al 9-N.
Según fuentes conocedoras del encuentro, la reunión se celebró en un «buen ambiente», después de que en la sesión del Debate de Política General del día anterior, el martes, en el que ambos dirigentes se lanzaran alguna advertencia desde el atril del hemiciclo, como Junqueras avisó a Mas, sin aludirlo directamente, de que quienes tuvieran la tentación de dar marcha atrás con la consulta ante un eventual veto del TC no merecían la confianza de los ciudadanos.