Es el ‘marrón’ más acuciante de cuantos se ha encontrado el alcalde, Javier Lacalle, encima de la mesa a su vuelta de vacaciones. La UTE que se adjudicó la rehabilitación de la vieja estación, formada por Ferrovial y Aroasa (Arranz Acinas), no ha movido un ladrillo desde hace semanas y ni siquiera ha dado contestación al último informe evacuado desde el Ayuntamiento, el relativo a la negativa a aceptar el modificado, de casi 600.000 euros, que pedían las empresas. Transcurrido el plazo legal establecido, la respuesta ha sido el silencio.
Así que ayer había tres preguntas para Lacalle: qué va a hacer con el contrato, qué va a hacer para no perder los dos millones de subvención europea que se difuminarán si la obra no está acabada el 31 de diciembre (un imposible) y quién va a asumir la responsabilidad política por lo sucedido. Las respuestas, «no podemos estar así por más tiempo y la UTE debe decir si sigue la obra o no», «vamos a intentar salvar al menos una parte de la subvención» y «si cada vez que se contrata a una empresa y el resultado es malo alguien se tiene que ir no quedaría nadie en la administración». Admitió, al menos, que lo de Ferrovial y Aroasa es «una tomadura de pelo».
Conforme Lacalle pronunciaba esas palabras, en el Ayuntamiento se celebraba comisión de Hacienda y Contratación. La oposición pidió explicaciones sobre este asunto y la respuesta es que los técnicos ya están trazando el itinerario administrativo para proceder a una «rescisión culposa» del contrato, lo que permitiría a la ciudad exigir daños y perjuicios.
Antes, eso sí, será necesario elaborar un nuevo informe técnico que ratifique lo que es evidente, que la obra está parada, y hay que preparar otra serie de trámites (como la aceptación de unas pequeñas modificaciones valoradas en menos de 50.000 euros), pues nadie duda de que Ferrovial y Aroasa intentarán judicializar el caso si se les exige, tal y como ha prometido el equipo de Gobierno, que paguen lo que la ciudad va a perder por su incumplimiento.
Arranz es reincidente. Pero el alcalde fue más allá y señaló que «por supuesto que hay que tomar decisiones administrativas» y que «no descartamos ningún tipo de medida» en lo que toca a las empresas que, como es el caso de Arranz, han estado implicadas en los últimos años en varios incumplimientos o han generado problemas a la administración. Sobre esta firma ‘pesan’ los casos de la guardería de Gamonal Norte (no la terminó ni entregó a tiempo), el embargo de Abajas y la concesión del párking de Virgen del Manzano o la no urbanización de las Huertas de la Concepción, además del ‘caso estación’.
Al margen, el alcalde avanzó que prevé la reinstauración de la fianza (fue derogada años atrás para facilitar las cosas por la crisis) a las empresas que acudan a concursos municipales. Así habrá, al menos, algo que incautar.