La crisis migratoria no solo se está convirtiendo en un problema para los países de Europa, que ven cómo decenas de inmigrantes acceden a sus territorios en busca de un futuro mejor huyendo de sus naciones de origen. También está teniendo un controvertido cariz diplomático, ya que los Estados miembro de la Unión Europea están empezando a mostrar sus más que notables diferencias, no solo en el reparto de los refugiados, un tema en el que no llegan a un acuerdo, sino también a la hora de permitir o no el trasvase de sin papeles por las fronteras comunitarias.

Uno de los ejemplos más claros se vive estos días en Hungría. El país centroeuropeo se ha visto duramente criticado en los últimos días por el muro con el que pretende impedir la llegada de irregulares a su territorio. También por su polémica actuación con la que ha permitido a los demandantes de asilo utilizar su territorio para acceder a otros lugares, principalmente Austria y Alemania. 

Ayer, después de haber levantado durante unas horas los controles, el Gobierno de Budapest volvió a impedir el acceso de refugiados a la Estación del Este de la capital, donde decenas de personas intentaban tomar un tren con destino a Viena y Múnich, lo que tranquilizó a los países de destino.

La Policía realizó nuevamente controles en los andenes para evitar que los inmigrantes se subieran a los vagones y poco después se cerró la estación por completo durante dos horas para desalojar a todos los irregulares del recinto.

Después fue reabierta, pero las Fuerzas de Seguridad controlaron las entradas y no dejaron pasar a los demandantes de asilo, lo que se tradujo en algunos disturbios. Algunos de los presentes, en su mayoría sirios, protestaron y exigieron que les dejaran viajar a Alemania, aunque después los ánimos se fueron calmando.

Según cooperantes y activistas, entre 1.500 y 2.000 sin papeles seguían esperando en la zona de tránsito una oportunidad para continuar su viaje. Este lugar se ha convertido en un campamento improvisado en el que se agolpan los refugiados a la espera de un nuevo levantamiento de los controles.

Más suerte tuvieron horas antes otros centenares de individuos, que aprovecharon el cese de actividad momentánea para viajar a la región alemana de Baviera, hasta donde arribaron 2.500 personas procedentes de Budapest, sumando ya 4.300 los llegados en apenas una semana.

El Gobierno de Berlín alertó de que el país necesitará una ayuda adicional de entre 1.800 y 3.000 millones de euros en 2016 para hacer frente al gasto social de los refugiados y a su integración en el mercado laboral. Asimismo, cifró en 7.000 millones de euros el extra para 2019, al tiempo que exigió a Hungría a que ponga freno a esta salida de demandantes de asilo y amenazó con devolverlos al territorio desde donde salen.

Más dramática es la situación en Grecia, donde más de 23.000 inmigrantes llegaron por barco la semana pasada, lo que supone un aumento de casi el 50 por ciento. En comparación, durante ese mismo período llegaron 9.400 personas a la frontera entre Hungría y Serbia.

Según las autoridades helenas, en la isla de Lesbos, en el mar Egeo, aguardan más de 15.000 ilegales para poder continuar el viaje hacia el oeste y el norte de Europa y cada día llegan cientos de individuos más. 

 

Violación de las reglas. Mientras tanto, la Comisión Europea advirtió a los Estados miembros que castigará cualquier violación a las reglas de asilo comunes, entre otras cosas el incumplimiento de las condiciones de acogida de los refugiados o la toma de huellas dactilares. Así, les exigió la obligación de dar alojamiento y alimento a los solicitantes de asilo o identificarlos correctamente para que pueda aplicarse el Convenio de Dublín, que ordena que el primer país de la UE al que llega un demandante de asilo es el responsable de tramitar su solicitud.

En este caso, Hungría ya está afectada por un procedimiento de violación de tratados al dejar entrar a un gran número de inmigrantes sin registrarles previamente para que continúen su viaje a Alemania o Austria.

Además, la Unión Europea propondrá la creación de un mecanismo permanente de reubicación en base a un sistema de reparto obligatorio antes de mediados de septiembre, a tiempo para la reunión extraordinaria de ministros del Interior del próximo día 14 para discutir la crisis migratoria.

El sistema se activaría para responder a cada situación en cada país y el Ejecutivo comunitario no incluirá una cifra total de personas que se deberían acoger, pero sí mantendrá en la misma línea los criterios para la «llave de reparto» y su carácter obligatorio, aunque se mostró dispuesto a discutir un cambio en la ponderación de criterios.