Estaba a punto de jubilarse como profesor cuando recibió la llamada de Magdalena Valerio para encomendarle una de las tareas más complicadas:ocuparse de la Seguridad Social. Experiencia en esta gestión le sobra, ya que la desempeñó con el Gobierno de Zapatero entre 2004 y 2011, en un momento en que nada le asustaba. La situación ha cambiado y cuando ha visto lo que había encima de la mesa de su nuevo despacho no ha tenido tiempo ni darse un margen para la adaptación. Ha empezado a trabajar desde el minuto uno y espera poder tener al menos los dos años de legislatura que quedan para poder dejar su huella. Solo baja la guardia cuando habla del nieto que está a punto de llegar.

¿Qué lleva a alguien que ha dejado la política hace años a enfangarse de nuevo en esta responsabilidad?

Esencialmente que te lo pidan, que supone un cierto reconocimiento a la gestión que había realizado con anterioridad y que las personas que te nombran, como en este caso la ministra de Trabajo, tienen la creencia de que puedes ayudar a hacerlo bien. Eso tiene un aspecto agradable, pero también de cierta preocupación porque quieres estar a la altura de las expectativas.

¿Le asustó más el puesto la primera vez o en este viaje?

La primera vez no me asustaba nada. El ministro de Trabajo saliente del Gobierno de Aznar en aquel momento era Zaplana. Yo tenía una pésima opinión de él, que confirmé en la práctica, pero tenía una muy buena opinión de los gestores que habían trabajado con anterioridad, como Javier Arenas, Juan Carlos Aparicio y Manuel Pimentel. Entonces, sabía que el Ministerio de Trabajo tenía un sustrato de buena gestión que Zaplana no iba a poder cambiar. Y en efecto fue así. Los funcionarios tienen una profesionalidad encomiable y además están acostumbrados a trabajar con expedientes que tienen detrás caras de personas.

Y si la anterior vez no estaba asustado, en esta ocasión...

Esta vez estoy aterrorizado. Cuando escuchaba al presidente saliente decir que había dejado España mejor de lo que se la encontró, lo que probablemente sea cierto, la sombra de este último Gobierno es la situación financiera de la Seguridad Social. Es desastrosa. Lo primero que he tenido que tramitar es el préstamo de 7.000 millones de euros que ya solicitó el anterior Ejecutivo para hacer frente a la paga extra de verano de pensiones. Tengo que tramitar con la Secretaría de Estado de Hacienda que abonen una transferencia para poder pagar los atrasos de enero a junio y tengo pendiente las medidas que ha dejado acarreadas el Gobierno anterior y que suponen incrementos de gasto. Son medidas que están muy bien, pero ninguna de ellas, salvo la del adelanto de la jubilación de los Policías Locales, lleva aparejada un incremento de ingresos. Yo no he venido a esta responsabilidad para hacer de espectador de cómo va el mercado de trabajo y de registrar contablemente los ingresos y los gastos. Yo no duermo pensando en medidas para mejorar la situación financiera del sistema.

¿Puso alguna condición en su vuelta a la Secretaría de Estado?

No. La condición para volver es que le pregunté a la ministra qué duración tenía el mandato y me contestó que la legislatura. Es más, nos dijo antes de nombrarnos que teníamos que formar a nuestros sucesores. Yo, evidentemente, estoy en esa tesis. He aceptado una encomienda para dos años que no va a ser prolongada en ningún caso. Si el Partido Socialista lo hiciera tan bien en el Gobierno que tuviera mayoría absoluta en las próximas elecciones, buscaría quién me sustituyera. Tengo una expectativa de vida que pasa por dedicarme a la familia y a algunas actividades que he ido postergando.

En abril de 2016 dijo que en dos años no se iban a poder pagar las pensiones. A la vista de lo que asegura haberse encontrado, su afirmación no parece alarmista.

No, no. Ahora dependo para el pago de las pensiones de los préstamos y eso quiere decir que el sistema no es autosuficiente. Es una situación muy incómoda especialmente para alguien que se tiró ocho años de su vida intentando lograr que la Seguridad Social no dependiera de nadie. Me acuerdo que en la comisión de secretarios y subsecretarios de Estado de la última época de Zapatero, yo era la niña bonita del baile. Era la única parte de la administración que tenía reservas, que todos los años llevaba dinero... Las demás, cuando querían hacer algo, buscaban una  forma de conseguir nuestra colaboración. Ahora es todo lo contrario.

¿Cómo está la hucha?

La hucha no existe. Tiene 8.000 millones. Con las medidas de gasto que se han previsto este año, si no conseguimos revertir la situación financiera del sistema podríamos tener incluso que sacar dinero del fondo de reserva. Esto significa que toda la antigua solvencia se ha dilapidado.

¿Y cómo se logra revertir la situación?

La Seguridad Social tiene que conseguir que el mercado de trabajo sea más flexible. Esto quiere decir, entre otras cosas, que los salarios suban. Esto es un mantra que yo repetía incluso en 2008, cuando Solbes me decía que la situación era evitar que hubiera más despidos y tenía razón, pero yo señalaba que si los salarios no eran capaces de pagar las pensiones, ese desequilibrio lo pagaríamos en algún momento concreto. Los salarios tienen que subir y la Seguridad Social tiene que ayudar a que suban. Tenemos que ayudar a que no se haga planificación con la duración de los contratos, que no sea barato para los empresarios hacer contratos menos prolongados y tenemos que revertir decisiones que tomó el Gobierno de Rajoy. Por ejemplo, las cuidadoras familiares de la Ley de Dependencia han dejado de cotizar porque el Ejecutivo así lo decidió. A mí me pareció una medida muy cruel porque en todas las familias de la gente de mi edad conocemos a un familiar que ha dedicado su vida a cuidar a otros.

¿Hacer que vuelvan a cotizar es una de las medidas a revertir?

Claramente, una de las muchas que hay que revertir. El anterior Gobierno, en términos de orientación ideológica, intentó convencer al empresariado de que la única forma de salir de la crisis era pagar menos sueldos, congelar pensiones y asustar a la gente con un factor de sostenibilidad que las iba a hacer más exiguas. Y todo  esto no iba acompañado de ninguna medida con la que mejorar los ingresos del sistema. Esto es, simplemente, un destrozo.

Este año los jubilados han salido a la calle. ¿Entiende que sus reivindicaciones deben atenderse?

En términos económicos, el sistema español de pensiones desde 2013 hasta 2017 ha acumulado una pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas impresionante. Lo estamos viendo día a día. El número de personas mayores que ha caído en la pobreza ha aumentado un 2,5% el último año según la Encuesta de Condiciones de Vida. Esto sucede porque los jubilados se han convertido con la crisis en sustentadores de otros familiares y hay un porcentaje cada vez más significativo de pensionistas que ayudan a sus hijos y sus nietos porque no tienen recursos. Así, lo que es un renta suficiente para una persona se convierte en una miseria para tres, cuatro o cinco. El Gobierno del PP no ha hecho nada. Omejor dicho, sí que lo ha hecho. Ha subido las pensiones un 0,25%, con lo cual quien estaba en el borde de la pobreza ha caído por debajo de esa línea. Y cuando esto llega, los jubilados reaccionan y la situación genera crispación social. El sistema de pensiones debe ser capaz de mantener las rentas de los jubilados permanentemente.    

¿Eso se consigue con la subida del IPC?

Por lo menos, y luego tenemos que atender, en colaboración con todas las administraciones públicas, a estas situaciones particulares. Hay un colectivo de pensionistas que necesitan ayudas porque mantienen a sus familias. O ayudamos a los hijos, o a los nietos o a los abuelos.

¿De dónde va a salir el dinero para pagar ese incremento?

El dinero tiene que salir de un sistema fiscal y de cotizaciones más justo. Estamos hablando de la precariedad del trabajo cuando en parte está inducida por un sistema de cotizaciones que permite que se haga negocio haciendo que los contratos tengan menos duración. Y esto es una aberración. Este no es un problema que se pueda resolver simplemente publicando una página en el BOE porque hay que cambiar una costumbre. Tenemos que crear esa cultura no solo con las normas, que también, pero hay que conseguir un sistema de cotización que sea proactivo de la duración de los contratos. Que haga que al empresario le salga barato aumentar su duración porque el que tenemos ahora hace lo contrario.

Entre las medidas planteadas para financiar las pensiones, el presidente Sánchez ha hablado de un impuesto a la banca, a las tecnológicas... ¿Se van a materializar?

El presidente también ha hablado de que es necesario establecer un marco de diálogo social con empresarios y sindicatos y también tenemos que someterles a ellos este tipo de iniciativas. En torno a esas medidas, hay una verdad de base que no hay que olvidar, que es que los rendimientos del trabajo cada vez suponen un porcentaje menor en la renta nacional. Es decir, que en el PIB, los rendimientos de trabajo cada vez importan menos. Los años en los que sube mucho el empleo siguen teniendo un peso inferior y todos sabemos que el peso de las pensiones en el PIB aumentará por motivos aunque solo sea demográficos. Lo que tenemos que discutir es qué tipo de impuesto: tecnológicas, banca, impuestos generales sobre el rendimiento...

¿Y eliminar las cotas máximas de cotización de los salarios por encima de los 45.000 euros, como se ha dicho estos días, no sería un mazazo para la clase media?

Es un problema complicado. En estos momentos el impuesto distribuido socialmente más regresivo es la cotización a la Seguridad Social. ¿Por qué? Porque si en este país hay seis o siete millones de personas que tienen algún trabajo, normalmente eventual o a jornada reducida, probablemente no hacen la declaración de la renta y ni si quiera tienen retenciones en impuestos. Es decir, su contribución de renta es cero, pero cotizan. Tenemos que ser capaces de buscar un contenedor fiscal que sea más justo. Un trabajador que gana 60.000 euros no paga el mismo porcentaje que uno que gana 40.000. En ese sentido, cuando se quejan de que van a ganar menos, es que ahora están ganando indebidamente más. ¿Qué pasa?, que eso se compensa con la progresividad del impuesto. Bueno, pues tendremos que ver de qué forma tenemos que hacer evolucionar el impuesto de las cotizaciones. Lo han pedido los sindicatos y la administración quiere hacerlo con prudencia para permitir que la gente cuando paga sepa que le sirve para su pensión. Los empresarios nos plantean el problema de hacer crecer mucho las cotizaciones vinculadas al trabajo como algo que fomenta la economía sumergida.  

Hay muchas personas de entre 40 y 50 años que no saben si van a llegar a cobrar una pensión pública ¿El sistema puede hacer ‘crack’?

El sistema ha vinculado su suerte a la del Estado. En estos momentos, estamos pagando las pensiones con préstamos. Para que el sistema hiciera ‘crack’, tendría que hacerlo el Estado y el Estado no va a abandonar a los pensionistas. Una de cada tres familias españolas, en Burgos dos de cada cinco, viven de una pensión. Una democracia nunca se permitiría esa barbaridad, ese desprecio absoluto por la voluntad de la mayoría de la gente. No creo que la economía española vaya a hacer ‘crack’. Ahora, sí que creo que la salida de la crisis no deben pagarla las pensiones.