Lo de mover un Estado a golpe de decreto genera taquicardias hasta a los que representan a las mismas siglas en diferentes estratos de la administración. El enésimo ejemplo es subsidiario de la última subida del IVA, que en el caso que protagoniza estas líneas es el reducido y pasó del 8 al 10%. Que eso iba a pasar se rumiaba desde comienzos de año, pero la confirmación llegó a medidos de julio con el primero de septiembre como fecha de entrada en vigor.
Paralelamente, el equipo de Gobierno de Javier Lacalle se preparaba para pasar por el Pleno la revisión de los impuestos, tasas y precios públicos en la última semana de julio, contexto que fue tildado de «veranicidad y alevosía» por parte de la oposición. Tan claro tenían en el Ejecutivo local que este verano aprobarían la subida de impuestos, que semanas antes de que fueran llevadas a Pleno para ser aprobadas inicialmente ya estaban prácticamente cerradas.
El problema es que para cuando Moncloa decidió subir el IVA en Burgos ya se habían redactado las nuevas ordenanzas fiscales y computaban un pago de IVA del 8%, y no del 10%, en servicios como Autobuses Urbanos. O más claro: se perdería el 2% de la subida aplicada a los burgaleses en favor del Estado, no de la cuidad.
Como el proceso estaba iniciado, lo único que quedaba era alegar contra esa ordenanza concreta (la 208) y poder así estimarla para repercutir el 2% del IVA. Y así se hizo, desencadenando una situación tan peculiar como que un concejal del PP, en este caso el responsable de Autobuses, Esteban Rebollo, presentara una alegación contra las ordenanzas aprobadas por su propio partido (en solitario), algo que hizo con el pleno conocimiento de su compañero en Hacienda, Salvador de Foronda.
La ‘explicación’
Sin embargo, cuando se realizaron los oportunos estudios económicos para analizar cuál sería la traducción de repercutir ese IVA, la conclusión fue que «el precio del bonobus se quedaba como estaba mientras que el billete ordinario había que subirlo a 1,01 euros, y ese céntimo es un problema tanto para los trabajadores del Servicio como para los usuarios, así que la decisión política (que deberá ser refrendada en Pleno) ha sido la de no aplicarlo», tal y como resume el propio De Foronda.
Total, que el PP se alegó a sí mismo para rechazarse la propuesta. El argumento de por qué pasó eso es el ofrecido por el titular de Hacienda. Pero, ¿por qué no se hizo el cálculo antes de registrar la alegación? «Porque si no analizamos el impacto del IVA nos podrían acusar de no velar por los intereses de la Hacienda local, que es lo que hemos pretendido en todo momento», zanja el titular de Hacienda. En el PSOE, desde donde se hizo pública esta situación, la concejala Carmen Hernando lo vio de otra manera. «Una persona del equipo de Gobierno presenta una alegación que desestima otra persona del equipo de Gobierno; así nos va», ironizó. Más seria se puso Hernando para lamentar que todas las alegaciones presentadas a la subida fiscal se hayan tumbado con la excepción de una que planteaba un cambio en la redacción del articulado.