Las universidades públicas tendrán la posibilidad, a partir del próximo curso 2014-2015, de ofertar carreras de tres años y másteres de dos, en lugar de los cuatro y uno de posgrado actuales, según el real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros. Una reordenación de las enseñanzas superiores que ha despertado las críticas tanto de los sindicatos (CCOO, UGT, CSIF y Stecyl) como de los propios responsables académicos de la UBU, que ayer se concentraron por la mañana en señal de protesta ante el Rectorado.
Para los representantes sindicales, una de las principales consecuencias que acarreará este sistema, cuya implantación es voluntaria, es el encarecimiento de los estudios, a pesar de que suprima un año de tasas. En este sentido, Orlando Ganado, delegado de CCOO en la institución académica local y coordinador de Enseñanza Pública Universitaria en la región, cifró en más de 1 millón de euros el desembolso adicional que supondría para los alumnos de la UBU la nueva estructura, teniendo en cuenta que la diferencia de matrícula entre un grado y un máster es de 700 a 1.000 euros (dependiendo del nivel de experimentalidad) y que actualmente se encuentran en cuarto curso de carrera cerca de 1.500 estudiantes.
Ganado subrayó que este incremento afectará, principalmente, a las familias con menos poder adquisitivo, que tendrán más dificultades para que sus hijos puedan pagar un itinerario académico de cinco años. «Puede haber alumnos que no den el salto al máster y eso significará que contarán con menos formación porque estudiarán menos años», señaló, no sin antes apuntar el riesgo que este recorte de las carreras puede tener en el empleo.
Durante la concentración celebrada ayer, los sindicatos pusieron de manifiesto que los grados de tres años contemplan contenidos «muy generalistas» que vienen a ser como la «continuación» del Bachillerato, lo que, en su opinión, «obliga» al alumno a cursar los dos de posgrado en caso de que «quiera especializarse». Todo ello hace que consideren que se trata de un «ataque» a la educación pública y el «punto de partida» de más movilizaciones. Y es que, según dijo Ganado, el nuevo sistema «mejora la competitividad de las universidades privadas».
La protesta congregó a más de medio centenar de delegados sindicales, profesores, decanos y vicerrectores de la UBU, así como a su secretario general, José María Moreno. El responsable académico de Profesorado, Alfredo Bol, se mostró tajante a la hora de señalar que la reforma refleja la «poca preocupación por la educación» que existe en el país. Además, señaló que plantear el decreto en términos de voluntariedad por parte de las universidades abocará a que en «el lapso de 10 años tengamos profesionales que se hayan formado durante 5, 4 o 3 años», en referencia a los sucesivos cambios que se han venido produciendo tras el Plan Bolonia.
«Es una decisión muy poco sensata desde cualquier punto de vista», subrayó Bol, para después asegurar que lo razonable es mantener el sistema actual porque «no se me alcanza a pensar cómo se puede formar un abogado en tres años, salvo que inmediatamente se le añada un máster de dos».