En el argot de los mortales se conoce como la oposición de «camarero-limpiador», pero en el papel se transformó en una prueba contrarreloj para cuya superación era necesario tener un notable dominio de materias como la Constitución Española (al menos tuvieron el detalle de preguntar por la del 78), el Estatuto de Autonomía de Castilla y León o toda la normativa vigente sobre Prevención de Riesgos Laborales. El problema, que por el camino que quedaron las esperanzas de miles de opositores. Más de 18.000 en toda la región y más de 3.500 en Burgos, según los datos aportados por los sindicatos.

El «proceso selectivo para ingreso, por el sistema de acceso libre, en la competencia funcional de personal de servicios de la administración de la Comunidad de Castilla y León» (sic) se celebró el pasado domingo 3 de junio, pero está siendo objeto -y seguirá siéndolo- de una contestación social y política con pocos precedentes. La Junta de Castilla y León no parece tener ganas de evidenciar esa respuesta de los opositores. 

En la Delegación Territorial de Burgos se remiten a la Consejería de Presidencia. En la Consejería de Presidencia, a la de Educación. Y en la de Educación apenas aciertan a decir que «independientemente del nivel exigido, la prueba se ajustaba al temario», negando además la existencia de un censo de reclamaciones o, si lo hay, la información sobre el mismo. «Se pueden meter por cualquier registro de cualquier lugar de España», dicen en la Consejería para sortear la pregunta sobre el número de reclamantes, al tiempo que aseguran que se ofrecerán esos datos en respuesta parlamentaria esta misma semana, ya que el PSOE ha preguntado por la oposición. También el procurador y coordinador regional de Izquierda Unida  José Sarrión se ha mostrado particularmente beligerante con este examen. Los sindicatos tampoco se atreven a cuantificar la respuesta, pero aseguran que «al menos en Burgos, van a ser cientos». 

«Por el momento», esas reclamaciones se están interponiendo individualmente, aunque utilizando, en la mayoría de los casos, un mismo formulario. En él se pide la anulación de la prueba por no haber observado principios como los de la proporcionalidad de la prueba a la titulación exigida y al desempeño de las funciones propuestas. Máxime cuando es una oposición a la que se presentan muchas personas con algún grado de discapacidad reconocido: casi 300 solo en Burgos. En la web change.org se ha abierto una votación para pedir la anulación del examen que ya tiene cerca de 6.000 apoyos y, como se ha dicho, la Consejería de Educación tendrá que explicar el examen en las Cortes de Castilla y León. Todo un éxito.

los motivos. La causa de tanto revuelo la pueden probar en carne propia junto a estas líneas. El examen constaba de dos partes de 40 preguntas cada una, aunque había otras ocho cuestiones ‘colchón’ para el supuesto de que alguna de las planteadas fueran anuladas posteriormente. En total, 88 preguntas que tuvieron que ser respondidas en un tiempo máximo de 80 minutos. Si no se aprueba la primera parte, la segunda ni siquiera se corrige.

Ese fue el primer hándicap que encararon los opositores: mucha miga y poco tiempo para tragarla. «Las preguntas eran extensas y muy ambiguas, lo que hacía imposible responder en el tiempo que daban», valora una de las opositoras que hizo la prueba y que es, además, delegada sindical de UGT en una empresa de Burgos. 

El siguiente obstáculo, y acaso el motivo real por el que se está produciendo una reacción sin precedentes a la oposición, es el nivel de las preguntas. El personal de servicios de la Junta de Castilla y León aglutina a la escala más básica de los trabajadores de la administración tanto en salario (unos mil euros mensuales) como en exigencia formativa (el certificado de escolaridad es suficiente). Son personas que, en la mayoría de los casos, prestarán servicios limpiando dependencias públicas, trabajando en cocinas de servicios públicos o desempeñando responsabilidades homologables a esas.

Los sindicatos, CCOO, por ejemplo, pidieron que se estableciera un temario común o guía, pero la Junta «hizo caso omiso a esa reclamación» y planteó un temario general con epígrafes como «La Constitución Española de 1978. Estructura y contenido» o «Conceptos básicos sobre seguridad y salud en el puesto de trabajo. Derechos y obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos laborales. Conceptos básicos sobre Igualdad y contra la Violencia de Género». Eso en cuanto a la materia común. En la específica, más de lo mismo: «Etiquetado de productos. Aspectos ecológicos en la limpieza. Eliminación de residuos», por ejemplo. A la hora de la verdad, la traducción de ese temario fue que se exigía tener un conocimiento mucho más que superficial sobre esas y otras materias, tal y como pueden comprobar en el extracto de la prueba publicado junto a estas líneas.

Francisco Pérez, secretario de Acción Sindical de UGT Burgos, advierte que «se solicita la repetición de la prueba porque es inédito que se pidan esos conocimientos a personas que, en muchos casos, cuentan con estudios básicos», lo que no impidió que también se presentara «mucha gente con estudios superiores». Preguntado por las personas que pudieran haber superado la prueba, Pérez subraya que «ellos no son culpables de lo que ha pasado, pero no tiene ningún sentido que la Junta haga lo que ha hecho en una prueba a la que acuden más de 18.000 personas».

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