A tan solo 48 horas de la Diada, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó ayer ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido que el Ejecutivo tiene previstos todos los mecanismos necesarios para evitar la celebración de una consulta independentista en Cataluña el próximo 9 de noviembre, reiterando el discurso de que esa cita no puede producirse porque no es legal. En idénticos términos se expresó el ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, que no quiso explicar lo que todos se preguntan:cómo.
El líder conservador se dirigió así a los suyos en la primera reunión del curso y se refirió al principal problema de España en estos momentos, incluso más que el paro. Así, reiteró la postura firme que mantiene desde que se anunció el referéndum el año pasado: no se va a celebrar porque es ilegal y él defiende la Constitución y la unidad de España, así como la disposición del Gobierno a negociar sobre cualquier asunto siempre que se sitúe dentro de la ley.
Eso sí, Rajoy añadió que su Gabinete tiene «preparado todo lo que hay que hacer» si el president sigue adelante con la celebración de la consulta. El vicesecretario de Organización y Electoral del PP, Carlos Floriano, rebajó en rueda de prensa el alcance de la frase, al ser preguntado si el jefe del Ejecutivo central se estaba refiriendo a medidas como la suspensión de la autonomía catalana.
Así, el político extremeño aseguró que La Moncloa está preparada para la aprobación de la ley catalana de consultas y para la convocatoria por Artur Mas de la cita con las urnas el 9 de noviembre. En ambos casos recurrirá al Tribunal Constitucional, como ya se anunció en repetidas ocasiones, y dejará que actúe el Estado de Derecho.
Mientras, desde París, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó que una persona que ha jurado hacer guardar la Constitución «no puede tener la tentación de actuar al margen de la legalidad» pero que, en cualquier caso, el Gobierno tiene «preparadas» todas las decisiones políticas y jurídicas por si el líder de CiU pretende celebrar la consulta secesionista.
En este sentido, el exalcalde de Madrid no quiso hacer «planteamientos hipotéticos, que parten del supuesto de que el representante ordinario del Estado en Cataluña, que es el máximo título institucional del que goza el presidente de la Generalitat, pueda tener ni siquiera la tentación de actuar al margen de la ley».
respuesta de ferraz. Horas después, el PSOE se apresuró a responder a Rajoy y, a través de su secretario de Organización, César Luena, pidió al Gobierno que además de medidas tenga «soluciones» para el desafío soberanista de Cataluña. En este sentido, el número dos socialista abogó una vez más por emprender una reforma de la Constitución que reconozca «la singularidad de Cataluña».
Según el riojano, sería conveniente que el presidente, «además de medidas tuviese soluciones», ya que si «la irresponsabilidad de Mas es enorme», a su juicio, «el inmovilismo de Rajoy es grave», y está obligado a hacer «bastante más». Las medidas -sin especificar ninguna- son «conocidas por todos» porque las «prevén las leyes».
Respecto a la oferta de la semana pasada de la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, para formar en Cataluña una coalición de partidos contra la independencia, señaló que es una «estrategia errónea» porque cae en lo que «le interesa» a los nacionalistas que, a su juicio, es crear «bandos» y «división».
Ajeno a todos, el alcalde mejor pagado de España -con 140.000 euros anuales-, el barcelonés Xavier Trías, encargó a un grupo de técnicos municipales y de expertos en diferentes ámbitos un libro blanco que aborde «lo que puede representar para la ciudad el hecho de convertirse en la capital» de un Estado catalán».