El Gobierno de la nación ha concedido 386 indultos a personas condenadas por los juzgados de Castilla y León entre el año 2000 y hasta agosto de 2014, de los que casi la mitad (49,2 por ciento) corresponde a la provincia de Valladolid. A diferencia de lo que ocurre a nivel nacional donde la concesión de indultos se mantiene durante los últimos años, la Comunidad Autónoma suma cada vez menos este tipo de gracia que corresponde, en última instancia, al Consejo de Ministros.
Así, frente a la veintena o treintena que había en 2003 o 2004, el último ejercicio cerrado, correspondiente a 2013, solo se dieron ocho. Y en lo que va de año, el Boletín Oficial del Estado (BOE) solo ha registrado cuatro indultos en Castilla y León y todos ellos fueron especiales, con motivo de la festividad de Semana Santa y a petición de las cofradías y hermandades.
La aprobación del indulto en España, que se remonta a una ley de 1870 durante el reinado de Amadeo I de Saboya, corre a cargo del Consejo de Ministros aunque en, última instancia, es el rey quien lo refrenda al ser un decreto real. El Ministerio de Justicia es quien propone cada una de estas medidas de gracia, tras considerar los informes del tribunal sentenciador y del Ministerio Fiscal. En todos los casos, se valoran las circunstancias del condenado y se analizan si concurren razones de justicia y equidad. Es decir, si existe una desproporción entre la pena impuesta y los hechos que determinaron la condena.
Según los datos facilitados por el Ministerio de Justicia, el Gobierno ha concedido 6.232 indultos en España entre el año 2000 y el 31 de octubre de 2012, fecha en que están cerradas las estadísticas oficiales. El 28 por ciento de ese número corresponde al 2000 cuando el Consejo de Ministros dio la libertad a 1.731 condenados. La mayor parte de ese año correspondió al primer Gobierno de Aznar.
El Ministerio solo ofrece cifras a nivel nacional por lo que los datos autonómicos y provincializados se extraen del Boletín Oficial del Estado (BOE) que publica cada una de las resoluciones de los indultos. En Castilla y León, el año 2000 fue el que registró mayor número, con un total de 129. Con la segunda legislatura de Zapatero, los indultos cayeron, salvo en 2008 (22), ya que entre 2009 y 2011 hubo 14 cada año. Con Mariano Rajoy en el Ejecutivo siguieron a la baja: 13 en 2012, ocho en 2013 y cuatro en lo que va de año.
Valladolid, en cabeza. La distribución por provincias es muy dispar porque Valladolid acapara la mitad de los indultos. Le siguen León (52, además de otros dos de Ponferrada), Burgos (43) y Salamanca (29). Más lejos están Palencia (21), Zamora (18), Segovia (17), Ávila (9) y Soria (6).
El decano del Colegio de Abogados de Valladolid, Jesús Verdugo, reconoce que la petición de indulto es una «estrategia» para dilatar todo lo posible un ingreso en prisión después de la notificación de la sentencia condenatoria puesto que los jueces aplican un plazo hasta conocer el resultado final de la demanda de gracia. Precisa que se trata de una instancia que se presenta en las gerencias territoriales del Ministerio de Justicia y que la resolución tarda de media entre 7 y 8 meses. Verdugo explica que la solicitud del indulto suele correr a cargo del abogado del condenado pero hay ocasiones, dice, en que es el propio reo.
El abogado declara que a la hora de pedir un indulto por un delito contra la salud pública el condenado acredita, por ejemplo, que está totalmente rehabilitado y que «no tiene sentido entrar a cumplir una pena de hace unos años». Es el caso del zamorano Segismundo Arribas que estos días está de actualidad por una recogida de firmas para evitar su entrada a la cárcel, después de ser condenado a pena de prisión por robar 476 euros en 2009 cuando era drogodependiente. Hoy, este hombre está rehabilitado y vive con su familia, por lo que sus abogados pedirán un nuevo indulto después de que el Ministerio ya lo denegara en otra ocasión.
En España, la figura del indulto se encuentra recogida en la Constitución, aunque cobra especial relevancia con la llegada de Semana Santa cuando las cofradías solicitan la libertad para algunos presos. Uno de ellos fue a F. S. D. V. tras la petición la Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de La Piedad de Valladolid, un director de una sucursal bancaria en Esguevillas de Esgueva (Valladolid) que había sido condenado por la Audiencia por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y de apropiación indebida, a la pena de dos años, cuatro meses y quince días de prisión. Se había hecho con 30.000 euros de la cuenta de un cliente imitando la firma del titular. Gracias a la medida de gracia, la pena quedó reducida a dos años por lo que pudo eludir la cárcel.