No se trata de una batalla por la escasez de agua, que en la ciudad hay mucha y de buena calidad, sino por aclarar de una vez por todas si el Ayuntamiento debe pagar o no por el autoconsumo a la Sociedad de Aguas o si tiene que saldar o no la deuda de más de 2 millones de euros de cientos de facturas pendientes desde 2012. La guerra acaba de empezar, tiene todos los visos de ser larga y llegar a un acuerdo de paz será muy complejo.

El punto de partida es la transformación en del Servicio Municipal de Aguas en la Sociedad Aguas de Burgos en enero de 2011. A partir de ese momento se comenzaron a girar los recibos del agua al Ayuntamiento como si de un tercero se tratara y a aplicarle la tarifa vigente. Las facturas no han sido reconocidas y, por lo tanto, no se ha iniciado el trámite para ser abonadas. Los recibos obedecen a consumos realizados en los diferentes edificios municipales, piscinas, riego de jardines y parques, Bomberos o Policía Local. Paralelamente la Sociedad de Aguas, además de acumular esta deuda, debe abonar el IVA a Hacienda por haber prestado un servicio aunque no lo haya cobrado. También paga un canon al Ayuntamiento de 4 millones por utilizar las infraestructuras.

En junio de 2017 el alcalde, Javier Lacalle, firmó un decreto en la que anulaba las facturas apelando a la ponencia fiscal de 2009 que se elaboró cuando la Sociedad de Aguas se creó y que establecía que el Ayuntamiento no abonaría el agua para el autoconsumo. Es decir que era gratuita pero debía pagarle el IVA de esos consumos. La Secretaría General, la Asesoría Jurídica y el Órgano de Gestión Tributaria informaron favorablemente la anulación pero la situación ha continuado igual y Aguas de Burgos sigue reclamando el pago o una compensación.

Ante este hecho el concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, se ha fijado en una resolución del Tribunal de Cuentas sobre un caso similar en el Ayuntamiento de Albacete. La misma establece que las tasas por prestación de abastecimiento de agua, alcantarillado y de estacionamiento en zona azul deben ingresarse «directamente en las arcas municipales con independencia de que la entidad local acuerde el pago de una determinada retribución, sin que sea posible que dicha retribución consista en la percepción directa de las tasas».

El Tribunal entiende que el hecho de que una sociedad recaude las tasas «no es conforme a la normativa tributaria que rige las tasas municipales, dado que esa función está reservada a funcionarios con habilitación nacional».

En la actualidad la Sociedad Aguas de Burgos ingresa unos 20 millones de euros por las tasas en sus propias cuentas. «La tasa no es competencia de la Sociedad, es propiedad del Ayuntamiento y, por tanto, el Ayuntamiento no tiene deuda con ella», apunta el edil de Hacienda, que ha pedido la anulación de las facturas.

cambios en la ordenanza. Por su parte, la concejal y presidenta de la Sociedad Aguas de Burgos, Carolina Blasco, indica que las facturas no se pueden anular porque «son un justificante de lo que nos deben» y reclama una solución para encontrar una alternativa. Su propuesta pasa por modificar la actual ordenanza para que no se siga devengando la tasa y cambie la naturaleza jurídica de los servicios que presta al Ayuntamiento su propia sociedad. «Sería una prestación patrimonial no tributaria».

También recordó que la Sociedad es concesionaria al tener que pagar un canon «algo que no sucede en ningún ayuntamiento».