El Gobierno ha pasado a la acción contra las redes que se dedican a radicalizar a jóvenes para convertirlos en yihadistas. Ayer, el Consejo de Ministros aprobó un Plan Nacional para combatir este fenómeno que incluye la difusión de una contranarrativa frente al mensaje violento que trasladan los terroristas sobre todo a través de internet. Además, se crearán grupos locales en cada municipio con el objetivo de tratar de detectar de manera rápida cualquier posible conflicto que pudiera surgir.
Según el ministro del Interior, que compareció en rueda de prensa al finalizar la reunión del Gobierno, entre 1996 y 2012, siete de cada 10 condenados por yihadismo en los tribunales españoles se habían radicalizado en España y de ellos, el 80 por ciento lo hizo por la red. Por eso se pone en marcha este plan que, según explicó, «pretende evitar el surgimiento de procesos de radicalización violenta mediante la detección temprana».
Para ello, se actuará en tres ámbitos: dentro de España, fuera y en el ciberespacio, fundamentalmente en internet, donde se lanzará un mensaje que contrarreste el de las redes de captación, investigándose la información que circule por el ciberespacio en fuentes abiertas sobre radicalización, autores y contenidos.
Dentro de las intervenciones en territorio nacional, se crearán los Grupos Locales, formados por representantes de la Policía Local, Policía Autonómica en las comunidades que cuentan con este cuerpo, Ayuntamiento, Juzgados, Centros Escolares, Asuntos Sociales, Entidades Sociales y Colectivos de Riesgo, con un sistema específico para intercambiar información para «poder actuar a tiempo contra posibles brotes de radicalización».
A su vez, los Grupos Locales estarán coordinados por el Ministerio del Interior que dirigirá una estructura nacional denominada Grupo Nacional de Lucha Contra la Radicalización Violenta, que estará compuesta por 12 Ministerios, el CNI y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), entre otros. Se centrará en tres aspectos: prevención, vigilancia y actuación. El Plan establece quién debe ejecutar la acción prevista en cada caso.
Así, según los ejemplos que pone Interior, si se produjeran incidentes por el cierre de un cementerio musulmán, el ayuntamiento debe comunicárselo a la FEMP, que hará llegar el caso al Ministerio, que gestionará la respuesta con esta estructura nacional interministerial.
negociaciones. En paralelo a la aprobación de este Plan contra la radicalización, el presidente, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, mantuvieron ayer una charla telefónica y dejaron prácticamente cerrado el pacto contra el terrorismo yihadista.
Según confirmó la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, ambos «le han dado un impulso a ese pacto que se enmarca en un refuerzo de la unidad del PP, el PSOE y el Gobierno en la lucha contra el yihadismo en un momento en el que es importante una estrategia coordinada de partidos que están llamados a sucederse en el Ejecutivo».
Por su parte, el secretario de Organización del PSOE, César Luena, fue un paso más allá y aseveró que la conversación había dejado «muy avanzado el acuerdo», que está tan solo pendiente de cerrar los últimos aspectos técnicos, como la prisión permanente revisable, a la que se opone Ferraz, pero que está presente en el nuevo Códig Penal que ya se ha aprobado en el Congreso.
El pacto que buscan las dos formaciones mayoritarias se materializará en forma de una Ley Orgánica que modifique el Código Penal. Ambos partidos mostraron su interés en sumar al acuerdo a otras formaciones políticas si bien algunas, como Ciudadanos, UPyD e Izquierda Unida ya dieron a entender su negativa.
Por otra parte, dos españoles publicaron ayer un vídeo en el que explican que se han enrolado en las unidades kurdas que están combatiendo al Estado Islámico. Los activistas cuentan que se han unido a los peshmerga en solidaridad con otros «compañeros marxistas leninistas» que participan en una guerra contra los yihadistas.