Apenas dos meses después de tomar posesión como concejala del Ayuntamiento de Aranda dentro del grupo del PP, María Ángeles Marín está empezando a apreciar los sinsabores que conlleva un cargo público. Su nombre fue ayer protagonista después de que el coordinador de Izquierda Unida, Antonio Miguel Niño, alertara de que una edil del equipo de gobierno acumulaba una deuda de más de 1.500 euros con las arcas municipales correspondiente al impago de varias multas.
En concreto, el responsable de la coalición de izquierdas se refería al Decreto 1/2014, que regula el pago fraccionado de este montante, y en el que se especifica que el principal del adeudo asciende a 1.170 euros, al que se suman 105 euros por demora, 39,30 por costas, 220,50 como recargo y unos intereses de 23,03 euros, lo que eleva la cuantía total por encima de los citados 1.500 euros, y que, según acuerdo, se satisfarían en 12 cuotas a lo largo de este año.
La principal afectada, María Ángeles Marín, sin negar en ningún momento la situación, aseguró a DB que en ningún caso puede considerarse una deuda, ya que ella dispone de su correspondiente carta de pago y ya está procediendo a su abono, y subrayó que «es falso» que sea esa la cantidad reclamada, garantizando que es mucho menor.
PAGO FRACCIONADO
Además, insistió en que ya ha alcanzado un acuerdo con el Consistorio para proceder a su pago fraccionado, tal y como permite la ley, y que ya ha empezado a satisfacer. «Son unas multas de la zona azul que se están pagando, como cualquier ciudadano, y no hay más», señaló.
Marín indicó que las sanciones acumuladas se remontan hasta cuatro años atrás en el tiempo, cuando no detentaba ninguna responsabilidad municipal en el Ayuntamiento arandino. Asimismo, justificó el hecho de no haberlas pagado antes a que, por error, las notificaciones se le remitían a su domicilio anterior, en la provincia de Soria, por lo que no llegó a recogerlas nunca.
Eso provocó que para reclamar su cobro el Ayuntamiento se haya visto obligado a llegar a la vía ejecutiva y que fuera, precisamente, cuando fue a percibir sus primeras indemnizaciones por su cargo como concejal cuando, desde los servicios económicos municipales, saltaron las alarmas sobre la existencia de la deuda. «Cuando tuvieron los datos, me lo dijeron. E inmediatamente me puse a darle solución», aseveró.
En cualquier caso, la situación de Marín parece ser consecuencia de la política puesta en marcha por el propio Ayuntamiento de Aranda para mejorar el cobro de las multas que se imponen y que, hasta hace solo unos años, era poco menos que anecdóticos. Este incremento de la presión ha permitido que en el último año se hayan recaudado más de 300.000 euros en vía ejecutiva.