Siempre se ha dicho que la mejor defensa es el ataque. Así, tras el tsunami mediático originado por el expresidente catalán Jordi Pujol el pasado 25 de julio al confesar que había tenido dinero oculto, unos cinco millones de euros, en el extranjero durante más de tres décadas, su familia presentó ayer una querella contra dos bancos andorranos, Banca Privada de Andorra (BPA) y Andbanc, donde disponían de cuentas, por presunta revelación de datos bancarios.
La acción jurídica, según adelantó un diario del Principado, busca, en primer lugar, paralizar el trabajo del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y conocer el nombre del exempleado que trabajó en ambas entidades y que podría haber filtrado la información a las autoridades españolas, en la que destacan unos movimientos de 3,4 millones de euros en un mes.
Según el rotativo, no será su única medida en la ofensiva judicial que han emprendido para defenderse. Así, le sumará un recurso contra la comisión rogatoria del magistrado, en la que solicitaba a dichas entidades más información sobre las cuentas de Jordi Pujol Ferrusola y su mujer, y cuya exnovia Victoria Álvarez fue la que abrió la caja de los truenos en diciembre de 2012 con las famosas bolsas de deportes llenas de billetes de 500 euros que iban directas a Andorra.
dos décadas. La estrategia del ventilador, la de desacreditar las formas de la investigación, parece que es la elegida por los abogados del hombre que gobernó Cataluña entre 1980 y 2003. Así, afirmarán que todo el proceso está basado en documentación robada por algún cargo de la banca andorrana, para luego alegar que el origen ilícito del documento invalida el proceso y las posibles pruebas que puedan presentarse contra la familia Pujol para conocer el origen del dinero sin declarar acumulado en las cuentas de los dos bancos andorranos durante 20 años.
También alegarán motivos políticos y asegurarán en la querella que el procedimiento tiene una intención política por el posicionamiento secesionista de Jordi Pujol.
Conviene recordar que el juez Ruz citó a declarar para el próximo 15 de septiembre a Jordi Pujol Ferrusola y su mujer dentro del proceso abierto en la Audiencia Nacional a raíz de las revelaciones de su exnovia Victoria Álvarez, que ayer sugirió en Radio Intereconomía que el director de la Oficina Antifraude de Cataluña (OAC), Daniel de Alfonso, no sabe investigar, porque no supo sacar provecho de los datos que le facilitó sobre el movimiento de dinero negro por parte del primogénito del expresident. Así, aseguró que le proporcionó al responsable de la OAC el doble de información de la que transmitió a algunos periodistas, que sí supieron sacar provecho de su denuncia. Sobre la querella a los bancos, la que fuera afiliada al PPCrecalcó que, pese a que están legitimados a formalizarla, le parece «éticamente repugnante» que lo hagan. «Lo que tendría que hacer es actuar con más transparencia sobre el entramado que gestionan».
Por eso mismo, el magistrado solicitó «toda la información o documentación» a la banca privada andorrana sobre sus productos financieros, tras la confesión de Pujol.
A esta circunstancia se aferra también el escrito de defensa de los Pujol, según el rotativo andorrano: para los abogados, la petición de datos responde a una suerte de «escaneo global» del estado bancario de la familia, de manera que se pide información «para ver si se puede imputar un delito a partir de la información recibida», saltándose su derecho a la presunción de inocencia.
De hecho, los abogados hacen hincapié en la falta de concreción de los tipos penales en que habría incurrido Pujol Ferrusola y su mujer por los supuestos movimientos bancarios investigados, y es que sin ese soporte legal, aseguran, las autoridades andorranas no están obligadas a colaborar con la Justicia española, si bien Hacienda insiste en que llegará hasta el final en su investigación sobre el cada vez menos Molt honorable, título honorífico del que fue despojado.