La Junta quiere una relación estable y tranquila con sus trabajadores. Por ello, una de las primeras cuestiones que ha puesto sobre la mesa es un gran acuerdo con los empleados públicos y que ya ha empezado a negociar con los sindicatos. Sobre esta cuestión, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, que asume estas nuevas competencias, ha mantenido a lo largo de los últimos días encuentros con los sindicatos que tienen presencia en el Consejo de Función Pública (UGT, CCOO, FSES y CSIF) para pedir propuestas sobre las que empezar a negociar de inmediato.
La inmediatez de la propuesta ha sorprendido a los propios sindicatos que cuando acudieron a la cita esperaban una primera toma de contacto y se encontraron con la iniciativa sobre la mesa. «En los cuatro años que llevo al frente es la primera vez que un consejero nos convoca por iniciativa propia», reconoció la secretaria general de Función Pública de UGT, Carmen Ámez. «Nos ha sorprendido la rapidez», apuntó también la secretaria general de Satse, presente en la reunión en representación de FSES.
Como primer paso para la búsqueda de este gran pacto, De Santiago-Juárez ha solicitado a las centrales sindicales que le presenten sus propuestas «con las prioridades para modernizar la función pública» antes de que termine este mes y sobre estas iniciativas concretas poder convocar la Mesa General a mediados de septiembre para comenzar las negociaciones. El objetivo es alcanzar un documento con compromisos que recoja las prioridades y también se marquen plazos para cada una de las medidas que se recojan.
De momento, la Junta ha dado el paso de escuchar sin poner sus cartas sobre la mesa, aunque alguna de las propuestas que ha trasladado el consejero a los sindicatos con los que se ha reunido es su voluntad de «reducir cargos de libre designación». «Me parece un buen principio, pero tiene que decir qué hará con las personas que ahora los ocupan, ¿vuelven a sus puestos?», se preguntó Carmen Ámez (UGT).
Ayer fue el turno del secretario de Administración Autonómica de CSIF, Mariano Prieto Arribas, quien ya presentó su dossier con las propuesta sobre las que comenzar a negociar. Entre las prioridades se encuentra la recuperación de todos los derechos perdidos durante la crisis, de modo que demandan que se recupere el horario de 35 horas, la devolución completa de la paga extra de 2012 y los días de asuntos propios (moscosos y canosos) y acabar con la tasa de reposición.
Sobre este aspecto, el consejero de la Presidencia recordó que son medidas que dependen directamente del Gobierno y habrá que ver la propuesta que lleva en los Presupuestos Generales del Estado que se aprobarán el día 31 tras el Consejo de Ministros. El resto de centrales sindicales, también comparten esta «reversión de los recortes».
En los aspectos que afectan directamente a la Administración Autonómica, los sindicatos recuerdan que el convenio colectivo está ya denunciado y hay que proceder a la negociación de uno nuevo. Además, demandan la convocatoria de concursos de traslados abiertos y permanentes, el desarrollo de la carrera profesional, la aprobación de una Relación de Puestos de Trabajo (RPT),
«Esta rapidez en querer alcanzar un acuerdo es fruto de la proximidad de las elecciones generales», recriminó Silvia Sáez, de FSES, quien recordó que en 2009 ya se firmó otro acuerdo similar al que ahora se quiere alcanzar y que «la Junta se lo cargó como consecuencia de la crisis». «El consejero nos ha dicho que eso es pasado y estamos en un tiempo nuevo pero esa tiene que ser la base sobre la que negociar», planteó Sáez, quien también exigió que cualquier acuerdo requiere de una memoria económica.
En este primer encuentro, el consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha estado acompañado por las viceconsejeras de Función Pública, Rocío Lucas en las primeras reuniones y Marta López, después de tomar posesión del cargo.
Compromiso de Herrera. A pesar de la sorpresa de los sindicatos por esta celeridad, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, reiteró durante su campaña los «esfuerzos» realizados por los empleados públicos durante la crisis, a los que hizo mención en todos sus mítines para destacar su implicación en la calidad de los servicios que se presentan. Además, recogió el compromiso en su discurso de investidura para «la mejora de sus condiciones laborales, así como el incremento de sus expectativas de desarrollo profesional».