La disparidad de criterios que enfrenta al Ayuntamiento de la capital ribereña con la empresa TCM en relación con la ejecución del denominado Puente Bañuelos, un entramado viario que partiendo de un paso sobre este río a la altura de la calle María Pacheco, enlazará con la carretera de Sinovas y la travesía de la N-I tras rodear la urbanización Plaza de Toros, está viviendo un nuevo capítulo. Y ha llegado de la mano del escrito presentado la semana pasada por la constructora a través del registro Consistorial exigiendo, con facturas acreditadas, el pago de alrededor de 1,4 millones de euros que calcula que se le debe por distintos conceptos y actuaciones realizados hasta ahora, y algunas de las cuales acumulan hasta más de cuatro años de demora.

Entre otros pagos pendientes, desde TCM se reclaman alrededor de 300.000 euros correspondientes al pago del IVAde actuaciones realizadas por la firma para el Ayuntamiento, como el vial VG-13 de esta actuación que ya está construido, y que ésta adelantó, sin que hasta la fecha se le hayan reembolsado.

Los más de 100.000 euros invertidos en el acondicionamiento en el complejo de piscinas de verano de Acapulco o los intereses generados por el aval de dos millones de euros que tiene depositado en el Consistorio desde que se firmó el convenio de construcción del Puente Bañuelos son otros conceptos incluidos en esta relación. Asimismo, se contempla el cálculo de los daños y perjuicios producidos en los tramos ya ejecutados de esta actuación y que se han deteriorado por los años en que las obras han estado paradas, a su entender, al no haber puesto el Consistorio todos los terrenos afectados por los trabajos a su disposición.

La deuda reclamada por la constructora a las arcas municipales supone más del doble de la inversión que aún hay que realizar para finalizar el proyecto Puente Bañuelos, y que se calcula que supera los 600.000 euros. Por ello, al parecer, la empresa habría planteado dos peticiones al Consistorio. En primer lugar, que se le abonen todos los pagos pendientes ya que en la situación de crisis económica que se atraviesa en la actualidad, la empresa necesita recuperar todos los activos que pueda para seguir funcionando con normalidad y garantizar la finalización del proyecto.

UNA REDUCCIÓN DEL AVAL. Por otro lado, habría pedido que se le reduzca la cuantía del aval depositado para garantizar la ejecución de la infraestructura. Aunque cuando se firmó el convenio la cuantía de esta garantía se estableció en dos millones de euros, desde TCM se entendería que ya no tiene sentido mantener tan elevada cuantía, con los elevados costes que, en consecuencia, genera, por lo que se aboga por disminuirlo, una práctica que es bastante habitual.

La alcaldesa, Raquel González, con la que responsables de TCM se reunieron esta semana,  habría solicitado la elaboración de informes técnicos que determinen si deben abonarse o no las cantidades reclamadas por la constructora. Un aspecto que fue imposible confirmar ya que, pese a los reiterados intentos realizados desde esta redacción para contactar con ella, no fueron atendidos.