Dos escenarios. Dos planteamientos diferentes de actuar pero una única batalla que les une, el rechazo frontal a la intención del Gobierno de Rajoy de suprimir las pedanías dentro de la política de recortes en las administraciones. En las últimas semanas, alcaldes pedáneos pero también de los propios ayuntamientos están, no solo alzando su voz contra la política del PP, sino formalizando su unidad con la constitución de entidades o asociaciones. Así, a la Asociación Pueblos Olvidados, los primeros en mostrar su protesta, se une ahora la Plataforma de Entidades Menores. Ambas escenificaron ayer su protestas, entremezclándose sus miembros, sobre todo en la manifestación frente a la Diputación, convocada por Pueblos Olvidados y a la que se sumaron miembros del PRCAL.
Por su parte, los portavoces de la Plataforma, que de momento apuestas por la vía del diálogo, mantuvieron una reunión con el presidente César Rico. Tras este encuentro, Marianela Manrique, alcaldesa de Castrillo de Murcia, afirmó que el presidente -que no hizo declaraciones a los medios- se había mostrado cercano aunque «no puede definirse personalmente». No obstante, Rico les dijo que trasladará a instancia superiores el sentir de las entidades locales menores. Óscar Alonso, alcalde de Lodoso insiste en que no se va a ahorrar dinero con la supresión de pedanías y que, por el contrario, éstas no generan gastos.
Igualmente, la Plataforma confirma su apoyo a la manifestación del día 10 de septiembre en Madrid, convocada por la Federación Estatal de Entidades Locales Menores (FEEM), pero no se adhiere a las previstas en Burgos; no lo hicieron ayer como entidad, ni lo harán el próximo viernes frente a la Subdelegación de Gobierno.
Por su parte, Ismael Alonso, presidente de la Asociación de Pueblos Olvidados, y el alcalde de Caleruega, José Ignacio Delgado, del PRCAL, manifestaron que están estudiando la presentación de recursos ante los tribunales e, incluso, no descartan acudir a Estrasburgo si el Gobierno sigue adelante con el proyecto.
Alonso y Delgado insisten en que no son las pedanías ni los ayuntamientos los culpables de la crisis, y añaden que si los políticos quieren encontrar responsables miren hacia las diputaciones y administraciones autónomas y central «que despilfarran el dinero público». Para Alonso, suprimir pedanías es acabar con un modelo democrático y con la identidad jurídica e histórica de los pueblos y acusó a los políticos de no luchar por el medio rural y su supervivencia, al tiempo que preguntaba dónde está los diputados provinciales de la oposición. Para la Asociación, la política de Rajoy no es otra cosa que «un lavado de imagen cara a Bruselas» y recuerda que las juntas no tienen déficit.
Por su parte, Delgado aseguraba que tampoco los ayuntamientos quieren la supresión de las pedanías y recordó que el patrimonio de aquéllas es históricamente suyo y con el proyecto del Gobierno pasaría a los ayuntamientos. Añadió que no van a consentir que se ‘robe’ a las pedanías su patrimonio eólico, industrial, cotos de caza, pastos, montes o tierras.