Las peñas festivas de la capital ribereña no se resignan a que se les imponga la protección de sus sedes ubicadas en las cavas que horadan el subsuelo del casco urbano y están dispuestas a llegar hasta las últimas consecuencias para intentar que se dé marcha atrás a la declaración del conjunto de bodegas subterráneas de Aranda de Duero como Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Etnológico. Un figura solicitada unilateralmente por el Ayuntamiento en contra del criterio mayoritario de los propietarios.
Así lo evidenciaron, según ha podido saber DB, en una reunión mantenida a finales de esta semana por los representantes de las ocho agrupaciones (Tierra Aranda, El Chilindrón, El Jarro, El Cubillo, El Niño de la Capea, El Alboroto, La Amistad y La Ribera) en la que se acordó presentar un recurso de reposición contra el acuerdo adoptado por la Junta de Castilla y León el 25 de junio. Y si, como es previsible la Administración regional lo rechaza «porque -indican- no va a reconocer que lo ha hecho mal», se mostraron firmemente decididas a acudir judicialmente a la vía contencioso administrativa.
Un planteamiento al que, según reconocía a DB alguno de los participantes en el encuentro, también se adhieren pese a que no acudieron a esa cita la Peña Flamenca Piñana y la Peña Taurina, que también tienen sus sedes en galerías subterráneas afectadas por la declaración, y al que se va a intentar que se sumen también los particulares que lo deseen que estén en contra de esta medida.
«Aquí de lo que trata es que de nos expliquen qué beneficios nos va a reportar la declaración, porque hasta ahora solo ha servido para que empiecen a tocar las narices con las obras que se han ejecutado y que a partir de ahora cada cosa que planteemos hacer tengamos que encargar un proyecto a un arquitecto y enviárselo a Patrimonio para que lo autorice, lo cual encarece y ralentiza mucho actuaciones que a veces son urgentes», explica indignado uno de los presidentes afectados.
De cara al recurso uno de los principales argumentos que podrían esgrimir es que, al margen de otras irregularidades en la tramitación, la declaración podría haberse aprobado fuera de plazo. Si bien el último Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León dio luz verde al acuerdo in extremis el pasado 25 de junio, la incoación del expediente tuvo lugar el 15 de mayo de 2013.
Casi un mes tarde. Sin embargo el Decreto 37/2007, de 19 de abril, por el que se aprueba el Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León establece en su artículo 46.5 que el procedimiento habrá de resolverse en el plazo máximo de 24 meses a partir de la fecha de su incoación.
En caso contrario, como parece ser en este caso, el procedimiento no podría volver a iniciarse en los tres años siguientes, salvo que lo solicitase alguna de las instituciones consultivas reconocidas por la Comunidad Autónoma o los propietarios del bien.
Asimismo van a alegar también que pese a que se presentaron más de 40 alegaciones por parte de siete de las ocho peñas festivas y otros titulares, la Consejería de Cultura ni las ha considerado, ni las ha tenido en cuenta y ni siquiera se ha dignado en contestarlas.