La sociedad concesionaria del Hospital Universitario (Eficanza) y el Ayuntamiento de Burgos siguen sin ponerse de acuerdo ni en la hora. Los problemas de movilidad generados dentro y fuera del complejo han sido un motivo continuo de fricción entre ambas partes, y la consecuencia es que lo que verdaderamente es trascendente para los ciudadanos sigue sin recibir una respuesta afinada.
El penúltimo ejemplo está en un escrito remitido por Eficanza al concejal de Seguridad Ciudadana, Salvador de Foronda, para que la Policía Local actúe en el interior del HUBU y sancione a los propietarios de los vehículos mal estacionados, que son legión a cuenta de la obligatoriedad de pagar un párking cuyos precios están muy por encima de la media de los aparcamientos subterráneos de la ciudad.
Dicha carta, a la que ha tenido acceso este periódico, sostiene que «el cuerpo de Policía está obligado» a vigilar las carreteras del complejo y que «no está llevando a cabo sus obligaciones respecto a la retirada de los vehículos indebidamente estacionados» tanto dentro como en el perímetro más inmediato del Hospital.
Sostienen su afirmación en un informe jurídico elaborado por Garrigues en 2012 que considera que el HUBU «es un espacio de titularidad y dominio público afectado a la prestación de un servicio público y con vías de circulación y acceso públicas», y que dado que el Hospital no tiene las facultades de «coacción e intervención» inherentes a los cuerpos policiales, su único deber consiste en tomar medidas preventivas para evitar la mala praxis en la materia en cuestión.
Así, enumera todas las decisiones tomadas hasta la fecha (colocación de bolardos, señalización, notas de advertencia... Y llamadas a Policía Local) y pide al Ayuntamiento que ordene hacer lo que, a su juicio, le corresponde hacer. Al final, acusa directamente al Cuerpo de haber «hecho caso omiso a estas denuncias y, dicho con todo el respeto, desatendido el cumplimiento de sus deberes legales al no retirar los vehículos en cuestión». La respuesta obtenida, siempre según Eficanza, ha sido la de que Policía mantendrá «su conducta de inacción».
El aviso
Además, advierten que el estacionamiento irregular podría llegar a causar problemas de movilidad interior que afecten, por ejemplo, a un servicio de emergencia (a una ambulancia en un traslado de alto riesgo) y que en dicho supuesto Eficanza exigiría la responsabilidad oportuna al Ayuntamiento. Concretamente escribe que «la concesionaria en ningún caso podrá ser considerada responsable de los posibles daños o perjuicios que pudiera sufrir algún paciente o usuario del Hospital, el servicio asistencial que presta el Hospital, como consecuencia de la inactividad descrita del Cuerpo de Policía Local de Burgos».
Por último, solicitan una reunión bilateral para tratar de alcanzar una fórmula de colaboración, pero subrayan que «en el caso de que esta última solicitud no fuera atendida», Eficanza «no tendrá más remedio que plantearse iniciar las acciones judiciales pertinentes para lograr, simple y llanamente, la aplicación de la legislación vigente». Esto es, que acudirá a los tribunales.
Por el momento, De Foronda se remite al informe jurídico evacuado en 2012 por el letrado municipal en contestación al de Garrigues y que sostiene un tesis enfrentada. Así, mientras Eficanza considera que existe un sustento jurídico para exigir ese control que no admite interpretaciones, en el Ayuntamiento mantienen que la Policía no debe entrar salvo que se trate de un caso de protección ciudadana a los usuarios.
Antes de terminar el fuego cruzado, el letrado municipal recuerda que «el régimen de esos espacios no deja de ser el mismo que los similares existentes en el antiguo Hospital (el Yagüe), donde la ordenación de entradas y salidas del tráfico interno se realizaba a través de la contratación de seguridad privada».