La capital burgalesa, por constituir un nudo de comunicaciones entre norte y sur de España y entre este y oeste, es lugar de paso para muchas personas. Lamentablemente, también para los delincuentes. En ocasiones van y vuelven en el día desde su base de operaciones, generalmente Madrid. Pero cuando ponen en el punto de mira un territorio concreto suelen permanecer varios días en el mismo sitio. Conocedores de que pensiones, hostales y hoteles han de llevar un exhaustivo registro de huéspedes -que han de enviar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad-, suelen evitar estos establecimientos. Y, ahora, con la abundante oferta de pisos turísticos piratas lo tienen mucho más sencillo a la hora de ocultar su identidad allí donde se alojan. Lo sabe bien la Policía Nacional, que está tratando de elaborar una nómina -lo más extensa posible- de las viviendas de esta naturaleza que hay en la capital. Para ello ha pedido ayuda a la Federación Provincial de Hostelería y también lleva a cabo labores de rastreo en internet -en páginas webs especializadas- para localizar este tipo de alojamientos.

Para la Policía Nacional -y también para la Guardia Civil- resulta crucial poder disponer de esos datos, pues se trata de la única manera de «intentar controlar los movimientos de la delincuencia itinerante». Si se alojan en pisos francos o en casas de amigos, «no hay nada qué hacer», pero si lo hacen en lugares que por su naturaleza «han de llevar un registro, supone una ayuda a la hora de localizar reclamados judiciales o de seguir la pista a delincuentes peligrosos», señalan desde la Comisaría.

La Ley de Seguridad Ciudadana  advierte de que las actividades de hospedaje -y muchas otras-  están sujetas a las obligaciones de registro documental e información en los términos que establezcan las disposiciones aplicables. Y desde los años 60, las distintas órdenes y decretos que han regulado esta obligación se han cuidado mucho de dejar bien abierto el abanico de negocios que debe llevar a cabo ese control de su clientela. No solo han de realizarlo hoteles, hostales, pensiones y cámpings, sino también aquellos establecimientos «dedicados de modo profesional o habitual mediante precio a proporcionar habitación a las personas, con o sin otros servicios de carácter complementario», tal como establece el decreto 1513/1959, recogido en la orden de 1992 que regula los libros-registro de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos.

La hotelería convencional lleva tiempo exigiendo a las administraciones una regulación más restrictiva para poner coto a la proliferación de apartamentos turísticos que desarrollan su actividad al margen de la ley. Por ello, la Federación de Hostelería califica de «buena noticia» la medida de la Policía Nacional de solicitar su colaboración, dado que el sector es uno de los que mejor conoce este tipo de negocios, tal y como reconoce su presidente, Luis Mata.

«Nos han solicitado a todas las Federaciones de Castilla y León cooperación para elaborar unos listados de apartamentos y cotejar los que están legales y los que no. A los primeros se les podrá dar de alta en el sistema policial de identificación, que es donde los establecimientos incorporamos los datos de las personas que se alojan, y a los segundos se les multará, como nos ocurre a nosotros si no lo hacemos», explica el responsable de la patronal.

La forma de colaboración aún no está decidida, ya que la comunicación de la Policía Nacional ha sido reciente, y los detalles de la misma se definirán en próximas reuniones pero siempre se realizará dentro de la «legalidad». En este sentido, avanza que se dará cumplida información a todos los asociados de la entidad.

La localización de los pisos ilegales, según Mata, va más allá del perjuicio económico que esta «competencia desleal» causa a sus negocios y beneficia a la ciudadanía en general. «Es un peligro desde el punto de vista policial y de seguridad», subraya el empresario, al tiempo que estima que este tipo de alojamientos «se convierten en un auténtico coladero de delincuencia» debido al «vacío legal» que existe «al no estar dados de alta y no figurar en ningún registro».