Aún es un anteproyecto que tiene que pasar por el Congreso pero la reforma energética que presentó hace una semana el ministro de Industria tiene como objetivo recaudar 2.943 millones de euros al año en toda España para paliar el llamado déficit de tarifa, que asciende a 24.000 millones.

Una de las ideas que ha lanzado el Gobierno es que servirá para costear las primas de las energías renovables aunque detrás de todo está aumentar los ingresos, con la aplicación de un impuesto fijo que gravará con un 6% la venta de energía, independientemente del tipo de producción, de instalación y de tamaño. Su puesta en marcha, prevista a partir del 1 de enero de 2013, tendrá también su influencia en la provincia de Burgos puesto que la previsión es que esta reforma recaude alrededor de 30 millones de euros, si tomamos como referencia un precio medio de 70 euros por megavatio.

Es la estimación que hace el director del área de Ingeniería de la Construcción de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Burgos, Ismael Martín, porque calcula que la tasa en el conjunto de Castilla y León podría ascender a unos 100 millones. Este impuesto sobre los ingresos obtenidos por la venta de energía vendrá acompañado de otros gravámenes especiales de las ventas de electricidad generada con gas natural, carbón, fuel y gasóleo. Es lo que se ha llamado el ‘céntimo verde’.

Pero este profesor experto en energía solar térmica y fotovoltaica va al fondo de la cuestión en materia energética y lamenta que el Gobierno central haya optado por «poner un parche», simplemente para recaudar, y se olvide de acometer una verdadera reforma «porque no saben a dónde queremos llegar».

Lamenta las miras cortoplacistas de los políticos y que la energía siga sin ser una cuestión de Estado, que no sufra un vuelco con cada cambio de Gobierno. Además, señala que el Ministerio hace dejación de funciones al no calcular el déficit de tarifa, por lo que al final este impuesto supondrá un encarecimiento general de las facturas de la luz y el gas que tenga que pagar el consumidor.

La principal crítica del director del área de Ingeniería de la Construcción es que no se puede gravar con el mismo impuesto a las instalaciones que están más que amortizadas con las que están en pleno proceso de amortización. Las eólicas, fotovoltaicas, cogeneraciones y biomasas llevan implantadas desde hace unos 10 años en España, donde la gente invirtió porque había una legislación que primaba este tipo de energía. En el otro lado, están las centrales hidráulicas que datan de la época franquista y las nucleares, que han disfrutado de un impuesto de moratoria que han pagado los consumidores.

lobby eléctrico. A su juicio, la legislación seguirá a medida del lobby eléctrico, que está formado por las grandes cinco compañías que controlan la distribución de la energía (Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, Hidrocantábrico y E.On, que se reparten el mercado por zonas geográficas). En España, solo está liberalizada la comercialización y las grandes eléctricas tienen el oligopolio de producción, que son las que marcan las pautas en la subasta de energía y fijan los precios. Eso y el precio del barril de petróleo que condiciona el coste de la electricidad.

La Comisión Europea, consciente de que la mayor parte de los países de la Unión es muy dependiente del exterior en materia energética, aboga porque los socios apuesten por los recursos autóctonos y las energías renovables. No tanto porque sean mejores ni peores sino porque es algo que existe en sus territorios, aunque sea una energía un poco más cara que la que viene de fuera. De ahí, que el objetivo es que los países del norte de Europa centren sus esfuerzos en la tecnología eólica y los del sur, en la fotovoltaica. «Son recursos que sobran y hay que aprovecharlos», manifiesta. Martín tampoco se olvida de la biomasa y explica que la limpieza de la superficie de los montes quemados este año hubiera generado combustible para abastecer de energía a una ciudad como Zaragoza durante medio año.

«Aquí, en España no hay ningún temor ni se muestra preocupación por la energía a diferencia de lo que ocurre en países nórdicos, que tienen miedo a tener que estar pendientes del gas ruso», reflexiona este docente de la Politécnica. Solo así se entiende que Alemania tenga instalados 27,5 gigavatios de fotovoltaica frente a los 4,5 de España, aunque la producción es mucho mayor aquí. Pero lo mismo ocurre con lo eólico.

Martín recuerda que el mix eléctrico alemán es casi idéntico al español pero no existe el déficit de tarifa que hay en nuestro país y que las empresas y el Ministerio lo relacionan como consecuencia de las renovables. «Ellos tienen el mismo o mayor porcentaje de energías renovables. Es algo que no se explica», precisa este profesor de la UBU.

Ismael Martín carga las tintas contra el vacío legal -con una moratoria- que hay en el sector de las energías renovables, que ha motivado una total paralización de instalaciones. «Ahora, este tipo de energías ya no piden primas, que en algunas cosas fueron altas, porque tuvo su sentido en su momento para lanzar la tecnología, pero sí solicitan, al menos, que se puedan implantar las renovables para el autoconsumo», precisa.

Y lo explica con el ejemplo de una pequeña empresa que paga mucho en la factura de electricidad y que busca ahorrar generando parte de esa energía. Es algo que, ahora, no es posible porque requiere de un permiso de la propia compañía eléctrica para ver si esa producción tiene cabida en su línea. Pero lo mismo ocurre con un particular que desee colocar unas placas solares en su casa para consumir su propia energía.

Martín es claro al señalar que España tiene un exceso de potencia instalada para la energía que consume. De ahí que sea un país exportador de electricidad, en parte motivado por la crisis económica. El problema de las renovables es que su producción no se puede gestionar por condiciones meteorológicas o atmosféricas. De ahí que se obligó a poner una potencia de respaldo, de la mano de los ciclos combinados.

Mucha energía que se topa con la incapacidad para su ‘evacuación’ a través de Francia, país al que no le interesa que España exporte esa producción por los Pirineos. La otra opción es exportarla a Marruecos, por donde pasa una línea y de ahí a Europa. Esto provoca que la Red Eléctrica Española anuncie, de forma periódica, que sobra potencia. Se paran los aerogeneradores y se paralizan los ciclos combinados.

«La solución pasa por hacer una infraestructura eléctrica mucho más potente. Si Madrid es un sumidero de energía habrá que colocar una gran cantidad de redes», manifiesta. Un ejemplo que sirve también para el exterior.