El pasado domingo este periódico publicaba las cantidades que la administración ingresa por multas e indemnizaciones a los causantes de incendios forestales en la provincia de Burgos. La media anual no supera los 33.000 euros, y esta cantidad apenas daría para pagar 10 horas de vuelo de un helicóptero de los destinados a la lucha contra el fuego. Alarmada por estos datos, la Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) reclama «de forma contundente» la creación de brigadas de investigación especializadas.
En un comunicado emitido por este colectivo profesional, Apamcyl cree que serían «una herramienta clave en la prevención y la lucha contra incendios forestales» que ha dado muy buenos resultados en todo el territorio nacional y que «además supone un elemento clave en las reclamaciones de la responsabilidad civil de los gastos a las personas físicas y jurídicas que sean responsables».
Los agentes forestales calculan que sólo los cinco grandes incendios forestales de Castilla yLeón en el año 2013 (ninguno de ellos en Burgos) supusieron un gasto para las arcas públicas de más de 1,5 millones de euros, y recuerdan que la realización de informes de investigación han estado externalizados durante años a una empresa privada que le costaba a la Junta más de un millón.
A falta de esa contrata, y aunque la Junta asegura que se investigan los incendios, Apamcyl asegura que es falso «ya que no existe un protocolo ni una instrucción homogénea en todas las provincias que priorice o indique qué incendios se han de investigar».
Por eso, el colectivo considera que la creación de brigadas de investigación deberían estar compuestas por «funcionarios con carácter de agentes de la autoridad» capacitados para elaborar un informe que en su caso sustentaría las demandas por la vía civil a los responsables de los desastres ambientales.
Apamcyl asegura que «dentro del personal de los servicios de Medio Ambiente existe un capital humano de agentes medioambientales y técnicos sobradamente preparados» y recuerda que si no se les aprovecha los gastos de extinción acaban recayendo en el bolsillo de los contribuyentes.