El concejal de Izquierda Unida ha sido sobreseído de la denuncia por desorden público presentada hace poco más de un año por el equipo de gobierno tras un acalorado Pleno en el que se debatió la privatización del alumbrado. La sentencia judicial entiende que no existió delito de injurias y calumnias en el comportamiento de Guillermo Ubieto, como reclamaba el PSOE, y que en todo caso el edil de IU habría incurrido en una falta, infracción no tipificada en el Código Penal tras la última reforma.
Los hechos se remontan al 10 de noviembre de 2014, en una sesión en la que fueron constantes los cruces de opiniones entre los miembros de la corporación y los integrantes de la plataforma Mirand@ por lo público, entre los que se encontraba Ubieto, que todavía no era concejal. Ante las continuas interrupciones por parte de los asistentes, el por entonces alcalde Fernando Campo ordenó a los agentes policiales identificar al ahora líder de IU, que minutos antes había acusado al PSOE de recibir «comisiones en todo el país» por las privatizaciones. Fue el único miembro del público con el que se tomó dicha medida a pesar de que la situación en el Pleno se tensó hasta el punto de que varios miembros de la formación socialista llegaron a levantarse de sus asientos y amenazaron incluso con abandonar la sala si no cesaban los gritos, que provocaron que la sesión se parara en más de una ocasión.
Para Ubieto, el hecho de que el fallo judicial reconozca que no cometió ningún delito «evidencia que la denuncia fue un intento político de desviar el foco de atención sobre lo verdaderamente importante, que era la privatización del alumbrado».
La externalización del servicio está nuevamente de actualidad, ya que desde el equipo de gobierno se ha retomado el tema, por lo que Ubieto considera que la demanda contra su persona «solo fue una tapadera para no hablar de un modelo de entrega de servicios públicos a las empresas privadas por parte de los dos grandes partidos, que curiosamente, son los que se benefician luego de las famosas puertas giratorias que permiten colocarse en los consejos de administración de las grandes firmas. En vez de responder con argumentos, con estas denuncia se busca el ruido mediático y la criminalización de la protesta», sostiene.