La gestión del erario municipal y, más en concreto, la poca información sobre la misma facilitada por el alcalde de Fuentemolinos, César de la Fuente, ha generado una profunda crisis en el seno de este ayuntamiento ribereño, que gobierna en solitario el Partido Popular con cuatro concejales. Hasta el punto que ayer se celebró un pleno extraordinario, convocado por los otros tres corporativos, Sergio Martínez, David Martínez y Vicente Moreno, en el que se acordó establecer un plazo de 15 días para que se les haga entrega de las cuentas municipales y se justifiquen pagos y gastos efectuados. En caso contrario, no se descarta adoptar medidas más drásticas, como acudir a los tribunales o presentar una moción de censura.

Fue una sesión plenaria atípica, a la que no acudió el regidor, aunque sí una importante representación vecinal, y en la que fue el secretario del Ayuntamiento el encargado de dar explicaciones. Durante más de una hora y media, los corporativos fueron poniendo sobre la mesa los asuntos que les han generado dudas en los últimos meses y que básicamente se resumió en el desconocimiento de la cuenta general del Ayuntamiento del año 2012, que en ningún momento se ha llevado a pleno ni entregado a los corporativos, a pesar de que el Boletín Oficial de la Provincia publicara el pasado 10 de julio el inicio del periodo de su exposición al público. «No sabemos lo que hay en las cuentas», resumió uno de los concejales, denunciando que el primer edil actúa sin dar cuentas a nadie.

Cheques y facturas abonados sin que conste el concepto, presuntas gratificaciones tramitadas por trabajos extra realizados o cobros de rentas pendientes fueron algunas de las supuestas irregularidades puestas de manifiesto por los munícipes. Asimismo, mostraron su extrañeza por el sistema en que se gestionan algunos recibos de servicios municipales o denunciaron que los expedientes se sacan de la casa consistorial para que sean rubricados por De la Fuente en localidades diferentes a Fuentemolinos.

Frente a sus argumentos, el secretario municipal, que fue acusado de actuar en connivencia con el alcalde y que constantemente echó mano de las competencias que tiene asignadas para justificar sus actuaciones, entregó un enorme fajo de recibos bancarios, que fueron rechazados por los corporativos por entender que con ellos no se justifican los gastos realizados, sino que únicamente se constata la existencia de operaciones.   El funcionario, además, argumentó que si no entregó la documentación económica cuando se le solicitó fue porque no se hizo en tiempo y forma, entendiendo como tal que se realizara por escrito.