El cuarto periodo de exposición pública del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha devuelto a la actualidad un problema que no es nuevo y cuyas últimas noticias se remontan al año 2010. El terreno que la familia Vicuña tiene en Las Huelgas -que comprende dos viviendas, un taller y una huerta- sigue estando concebido como zona verde, lo que trae consigo la expropiación. Sin embargo, sus propietarios quieren seguir luchando «con uñas y dientes» por lo que consideran suyo. Y es que el inmueble lleva más de 50 años adosado al muro del monasterio.
Por eso y según confirma su abogado, Octavio Porres, presentarán alegaciones al planeamiento urbanístico para que el Ayuntamiento reconsidere su postura. «Si esa previsión se anula, la vivienda y la actividad que desarrollan podrían continuar», explica, pero añade que en caso contrario sería «objeto de expropiación».
En su momento, el Consistorio adujo que la calificación de este suelo como zona verde respondía a una petición de Patrimonio Nacional con el objeto de liberar a la pared perimetral del Monasterio de las Huelgas para posibilitar un completo recorrido a su alrededor. Una solicitud que, a juicio del letrado, no tendría por qué dificultar el cambio de planeamiento.
Porres asegura que los redactores del plan tendrían que valorar la «realidad» existente, «una edificación antigua y consolidada», así como las consecuencias de lo que se define. «Con el argumento de protección de edificios históricos-artísticos, cantidad de viviendas se encontrarían en la misma situación», agrega.
Desde el Ayuntamiento, el vicealcalde y concejal de Fomento, Ángel Ibáñez, explica que el último periodo de alegaciones no ha supuesto cambios en el PGOU. «Se sigue manteniendo la actuación aislada de expropiación para obtener los suelos y destinarlos a espacios libres públicos», explica, y recuerda que el Consistorio no puede actuar hasta que el Plan General entre en vigor.
En la misma línea, Ibáñez apunta que  al tratarse de una propuesta que requiere el informe de Patrimonio Nacional, «estaremos a lo que ellos nos puedan indicar al respecto». Y hay que tener en cuenta que la ley les otorga un plazo de 6 meses para informar sobre el planeamiento urbanístico una vez que acabe la exposición pública. Pero además, hay que recordar que el visto bueno definitivo del PGOU depende de la Junta.