¿Cómo es posible que el Ayuntamiento deba más de 56 millones de euros a sus proveedores y el equipo de Gobierno no lo sepa? Esa la pregunta que no pocos burgaleses se siguen haciendo después de que se conociera el dato la semana pasada. Durante meses, unos y otros han perseguido la cifra para saber exactamente cómo está realmente la Hacienda local.
Pues bien, analizada la ‘broma’ se puede concluir que hay dos respuestas. La primera, que reconoce el propio concejal de Hacienda, Salvador de Foronda, hay que encontrarla en que los presupuestos de ejercicios anteriores contemplaban ingresos que no se produjeron. Eso desequilibró las cuentas y, cuando se acabó el dinero, se dejó de pagar. La segunda es que, directamente, se compraron bienes o servicios «para los que no había partida presupuestaria».
La consecuencia, en ambos casos, es que cuando una sección del Ayuntamiento recibía la petición de cobro, la elevaba al área de Intervención. Pero Intervención no puede aprobar ningún pago para el que no exista partida presupuestada, de forma que la ‘receta’ volvía al servicio o área del que procedía. Y es ahí donde moría mientras quienes habían actuado de proveedores se cansaban de reclamar su dinero. Y así hasta 56 millones.
¿Y desde cuándo sucede esto? Para eso hay que buscar las respuestas en los informes que han circulado por el Ayuntamiento en los últimos meses. Por ejemplo, el informe sobre morosidad que se aireó en Pleno en septiembre hablaba de impagos que datan de los años 2007 y 2008 (y de ahí hasta hoy). Bien es cierto que en el mismo informe se incluían como pendientes de pago facturas que ya estaban abonadas.
Porque sí, en el Ayuntamiento de Burgos se ha dado esa situación: que figure como pendiente de pago algo que ya está pagado. Ha ocurrido, por ejemplo, con dos recibos mensuales de una empresa que gestiona uno de los servicios de la ciudad. Y no era ninguna broma, puesto que las dos facturas sumaban más de 260.000 euros.
Para evitar que, a futuro, se produzcan reclamaciones relacionadas con esas facturas, Hacienda ha exigido a la empresa un documento firmado en el que reconozca que ya había cobrado ese dinero. ¿Podría haber ocurrido que se pague dos veces la misma factura? A esa pregunta no hallamos respuesta. Al menos de momento.
A partir de ahora...
Pero dado que no se trata de atajar un caso concreto, sino todos los que se pudieran dar, además de haber abierto los cajones para compilar la deuda real y total, De Foronda mantendrá la próxima semana una reunión «con todos los funcionarios de cada área municipal que gestionan facturas». Hay, al menos, uno por concejalía.
La instrucción, a partir de entonces, será la siguiente. Antes, y siempre antes, de encargar la compra de material o la prestación de cualquier servicio, el funcionario responsable de visar esa factura deberá dar aviso a Intervención. «Y si Intervención dice que no hay partida presupuestaria no se permitirá la compra», zanja De Foronda. Ese procedimiento impedirá que se asuman gastos que no se pueden afrontar.
El mecanismo, siempre que se cumpla, podría ser efectivo, pero tiene consecuencias sobre el funcionamiento ordinario del Ayuntamiento. Por ejemplo, todas las inversiones que estén vinculadas a ingresos (por ejemplo a la venta de patrimonio municipal) no podrán ejecutarse en tanto en cuanto no se haya producido la venta e ingresado el dinero. De Foronda lo resume más: «No voy a gastar más de lo que tengo».