«La Administración de la Comunidad de Castilla y León podrá integrar en su red de centro asistenciales de titularidad pública las residencias de personas mayores y los centros de personas con discapacidad de titularidad de las corporaciones locales, en los términos y condiciones que se establezcan en los correspondientes acuerdos que se suscriban, y para los centros que oficialmente estén calificados como tales». Este es el texto de una de las disposiciones, en concreto la cuarta, del anteproyecto de Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad, aprobado por el Gobierno regional y que ahora inicia su trámite en las Cortes.

Esta disposición responde a una de las alegaciones presentada en su día por la Diputación de Burgos, titular de cinco centros residenciales de mayores en la provincia, para dejar abierta la puerta a que la Administración regional asuma la gestión de esos centros.

En la disposición se establece que, una vez entre en vigor la nueva ley, todavía tiene que pasar el trámite parlamentario, se procederá a la «constitución de las correspondientes comisiones mixtas de traspaso» y que el personal de los centros de esas residencias «asignados directa y cualificadamente a la prestación de estos servicios se integrará en la Administración de la Comunidad, siéndole de aplicación la legislación de la función pública autonómica».

Por lo que respecta al personal «que no se ajuste a la normativa autonómica o que la correspondiente comisión mixta de traspaso no valores como necesario, las entidades locales realizarán un plan de reubicación en sus estructuras y de formación de dicho personal». Finalmente, en esa disposición adicional cuarta se señala que en todo lo que sea compatible por la naturaleza de los servicios  a integrar será aplicable la Ley 8/2009, de 16 de junio, de transferencia de competencias entre la Comunidad y entidades locales.

En las alegaciones presentadas por la Diputación se abogaba porque las competencias en Educación, Sanidad y Servicios Sociales específicos y residenciales así como los centros de personas discapacitadas y los pisos tutelados sean asumidos por la Junta, mientras que para la Diputación, entre otras materias y para municipios de menos de 20.000 habitantes, solicitaba los instrumentos para aprobación de planeamientos y gestión urbanística, gestión integral de residuos y servicios administrativos generales.