Pensaban que estaban colocando su dinero en un producto similar al plazo fijo. Que obtendrían una rentabilidad moderada, que no arriesgarían en exceso y que podrían recuperar la inversión sin pérdida alguna. Nada más lejos de la realidad. Muchos de los que contrataron las denominadas participaciones preferentes están ahora ‘entrampados’, sin opción de rescatar sus ahorros si no quieren correr el riesgo de quedarse sin la mitad de ellos.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros de España (Adicae) acudirá a Burgos el viernes con el fin de asesorar a los afectados de la provincia -se calcula que en torno a unos 3.000 de los cerca de 20.000 que puede haber en Castilla y León- y darles la oportunidad de adherirse a la demanda colectiva que presentará por ahora contra ocho entidades financieras españolas. La cita será a las 18 horas en el Centro Cívico Río Vena. En otras provincias, la afluencia ha sido masiva en las últimas semanas.
En realidad, el producto que adquirieron numerosos clientes de entidades financieras era altamente ‘ilíquido’, a perpetuidad y con el que los ahorradores solo recuperarán el dinero invertido si el banco o caja de ahorros en cuestión encuentra un comprador en el mercado en el que, actualmente, este tipo de productos rondan la calificación de ‘bono basura’, según señala Adicae. Por ello, en las demandas colectivas exigirán la devolución del 100% de la inversión, más los intereses, además de los daños y perjuicios por ofertar un producto en condiciones fraudulentas, según afirmaron desde la delegación castellano y leonesa de la asociación.
Aproximadamente un millón de familias españolas están viendo cómo alrededor de 30.000 millones de euros permanecen ‘cautivos’ en manos de la Banca. En muchos casos ha habido comercialización irregular, ilegítima y fraudulenta.
Las entidades financieras han conseguido enfrascar a cerca de un millón de familias en estas inversiones de riesgo que fueron comercializadas en su origen bajo la apariencia de ‘depósitos a plazo fijo’ con rentabilidad garantizada, y además casi siempre ante un perfil de consumidor de edad avanzada que buscaba completar su jubilación con los ahorros de toda una vida.
El problema principal reside en cómo fueron colocados este tipo de productos. Se trata de un producto no solicitado ni buscado por los clientes, «vendido irregularmente sin atender en modo alguno a lo que los consumidores querían o les convenía, y sin suministrar la información previa imprescindible».
Además, genera importantes pérdidas para el usuario después de haber colocado sus ahorros como si se tratase de inversiones a plazo fijo cuando en realidad son «deuda perpetua, no amortizable salvo a elección de la entidad financiera que lo ha ofertado y no cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos».