La segunda sesión pública de la comisión de investigación del ‘caso Fernando Gómez’ giró casi en exclusiva en torno al triple informe elaborado por Tesorería, Intervención y Secretaría general sobre el ya famoso concepto de la «indemnización sustitutoria».

Los tres altos cargos del Ayuntamiento de Burgos elaboraron hace casi un mes un escrito que complicaba mucho los argumentos del concejal para haber cobrado esta especie de dietas cuando ya tenía cubiertos los gastos de alojamiento y manutención. Ayer quedaron todavía más claras varias de sus opiniones.

Tanto la tesorera Ana Santamaría como el interventor Isidoro Aragón concluyeron que si no hay un perjuicio económico para el corporativo que viaja en representación del Ayuntamiento (puesto que los viajes eran abonados por organismos como el Plan Estratégico o la Fundación Proyecta, o incluso otros entes externos que organizaban los eventos) tampoco hay lugar a la petición de esa indemnización, que supone una tarifa fija diaria dependiendo de si se pernocta dentro o fuera de la provincia.

El interventor tuvo algún momento de vacilación dependiendo de cómo le planteaban las preguntas el PP o el PSOE pero acabó diciendo que «lo razonable» es no cobrar por lo ya pagado. Más clara fue Santamaría, quien insistió en que no puede haber una duplicidad y, a preguntas de los miembros de la comisión, apuntó que si hubiera conocido que los gastos ya estaban pagados no hubiera autorizado la indemnización.

Los técnicos municipales explicaron que ellos no controlan de ninguna manera esta fórmula, pues es el alcalde quien valida la petición del concejal interesado o en su lugar y por delegación el concejal de Hacienda. Por eso la tesorera defendió que el pago estuvo bien hecho en su día, dado que no contaban con toda la información.

De hecho, se mostró dispuesta a iniciar un «expediente de reintegro» que obligaría a Fernando Gómez a devolver las cantidades mal cobradas (entre 4.500 y 5.500 euros, según diversas estimaciones de los casos estudiados por PSOE e Imagina).

Antes que ellos habló el secretario, Luis Alfonso Manero, quien se limitó a los aspectos legales. Él fue quien más dudas dejó sobre la mesa, advirtiendo de la «inseguridad jurídica» que a él mismo le provoca la forma de redactar la norma que regula estos pagos y no fue capaz de decir si el comportamiento de Gómez fue «ilícito», a falta de conocer «todos los gastos» que pudo tener en los polémicos viajes.