El Consorcio de la Variante Ferroviaria podría haber encontrado un comprador para los casi 30 pisos que todavía tiene inscritos a su nombre en las inmediaciones del Paseo de Laserna (entre la vieja estación y Cellophane). Los problemas iniciales que acumuló la promoción, dividida en varios bloques, causaron la renuncia de una parte de los adjudicatarios, mientras que los defectos constructivos detectados en algunas casas tampoco han ayudado a su comercialización.
La cuestión es que el ente, que arrastra una deuda importante de la que en enero de 2016 tiene que abonar 39,2 millones, se quedó con 28 VPO y varios locales y plazas de garaje en esas promociones. Eso, además de constituir una responsabilidad, genera gastos (en IBI, comunidad...), así que se han realizado varios intentos de sacar al mercado los pisos. Pero ocurre que para vender una VPO hay que encontrar compradores que cumplan los criterios de un adjudicatario de vivienda protegida, y las personas que cumplen esos requisitos no han sido precisamente bienvenidos en las entidades de crédito durante los años más duros de la crisis. Consecuencia: ahí siguen.
Sin embargo, en las últimas semanas han llegado consultas a la Junta de Castilla y León sobre la posibilidad de proceder a la descalificación de los inmuebles como viviendas de protección pública. ¿Por qué? Pues porque hay un inversor de fuera de la provincia que, según confirman a este periódico fuentes del ente, ha planteado una oferta conjunta por los 28 pisos.
Otra de las consecuencias de la crisis es que los precios de las VPO y las viviendas libres se han acercado tanto que, en algunos barrios, pueden llegar a ser coincidentes. Pero mientras la vivienda libre lo es a todos los efectos, la protegida está sujeta a condiciones. La adquisición, planteada a modo de «paquete completo», se haría como inversión del comprador. Es decir, posteriormente las iría poniendo en el mercado conforme considere oportuno, y para eso es para lo que se ha sondeado a la Junta.
La operación, atendiendo a las ofertas que maneja el Consorcio, podría oscilar «entre los 2,4 y los 3,2 millones de euros», o lo que es igual, entre los 85.700 y los 114.200 euros de media por vivienda, ya que no todos los pisos son iguales y, a veces, ni parecidos.
En cualquier caso, la venta de materializaría siempre y cuando sea autorizada por el Servicio Territorial de Fomento de la Junta de Castilla y León, que tendría que velar por que se observe en todo momento lo estipulado en la legislación vigente sobre vivienda protegida en la comunidad. La potencial venta insuflaría algo de liquidez al Consorcio y le evitaría cargar con los costes de tener 28 viviendas vacías.