2.600 burgaleses pueden anular multas por notificaciones ilegales

I. Elices / Burgos
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Tribunal Económico. Hacienda declara irregular publicar el nombre de los infractores en el tablón edictal de Tráfico en internet, el Testra.

La Guardia Civil de Tráfico, en un control preventivo llevado a cabo en diciembre de 2012 en la N-I, en Rubena. - Foto: Luis López Araico

¿El Fisco le embargó en 2011 de su cuenta bancaria la cuantía de alguna multa que no le fue notificada en casa y, por tanto, su nombre apareció en el famoso Testra (el Tablón Edictal de Sanciones de Tráfico)? Pues sepa que los tribunales economicos-administrativos, pertencientes al propio Ministerio de Hacienda, están anulando muchas de esas sanciones. En Burgos, según los cálculos de la Automovilistas Europeos Asociados (AEA), podría haber en torno a 2.600 conductores afectados que podrían reclamar la cantidad que la Agencia Tributaria retiró de su cuenta en su día.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha utilizado de forma indebida el Testra, el tablón virtual que los ciudadanos pueden visitar en internet para comprobar si deben dinero al Estado en concepto de multas. La norma que regulaba la puesta en funcionamiento de este medio de consulta entró en vigor el 24 de noviembre de 2010. Sin embargo, Tráfico utilizó el sistema para publicar notificaciones de expedientes sancionadores iniciados con anterioridad a esa fecha.

Los tribunales económicos administrativos resuelven ahora que la notificación en el Testra «solo procedía desde el día 24 de noviembre de 2010». De las 49.000 denuncias de Tráfico interpuestas en Burgos en 2011, 2.600, según AEA, proceden de antes del 24 de noviembre de 2010 y se notificaron vía tablón de edictos virtual, lo cual es irregular.

Cualquier persona que apareciera en el Testra después de esa fecha pero fuera denunciado antes puede reclamar el dinero que Hacienda retiró de su cuenta (la cuantía de la multa más un recargo del 20%), a lo que el Fisco deberá sumar los intereses. El mecanismo más sencillo es hacerlo a través de los tribunales económicos-administrativos. En Burgos está situado en la calle Vitoria, número 39. Dichos expedientes se cancelarán, según explica el presidente de AEA, Mario Arnaldo, si el interesado no se ha dado por notificado y no ha presentado ningún escrito, siguiendo el consejo de empresas de recursos de multas que captan clientes a través de la localización de infractores en boletines oficiales. «Si presentas una alegación escrita das por supuesto que conoces que ha sido multado», indica.

La notificación de sanciones a través del Testra o de otros boletines oficiales, aunque sea por sanciones posteriores a ese 24 de noviembre de 2010, también están siendo consideradas irregulares por algunos tribunales económicos. Achacan a la DGT «falta de diligencia» a la hora de localizar al conductor infractor e instan a Tráfico a acudir a la Agencia Tributaria con el fin de averiguar la existencia de su domicilio, «por lo menos el fiscal». «Es que el sistema de notificación en edictos oficiales -ya sean escritos o virtuales- es excepcionalísimo», señala Arnaldo, quien recuerda que el Tribunal Constitucional dicta que «a nadie se le puede obligar a leer a diario los boletines para ver si aparece su nombre publicado».

muchos fallos. Además, la AEA denuncia que los sistemas de búsqueda en el Testra tienen muchos fallos, porque en muchas ocasiones «no localiza expedientes sancionadores que sí están publicados». «Introduces el nombre, la matrícula del coche o  el número del boletín de la multa y no aparece; así que no se trata de un dispositivo de notificación fiable», resume.

Hoy en día, de muchas de las multas -sobre todo las de los radares- los conductores no tienen constancia si no es a través de una notificación. La Guardia Civil o la Policía no paran a los coches que caza superando el límite de velocidad, sino que envían la foto donde aparece su vehículo al domicilio del infractor.

Pero muchas veces no acierta, bien porque la DGT o los ayuntamientos no tienen su dirección actual o porque tienen errores en sus directorios. Así que optan por incorporar el nombre del sancionado a un boletín oficial para que se dé por enterado.

Además, los tribunales económicos administrativos están fallando a favor de ciudadanos que comunicaron el cambio de domicilio a la DGT, pero ésta sigue remitiendo las multas a su antigua dirección, con lo cual el infractor no se percata de que ha sido multado.