El incremento de las denuncias registradas por el uso de semillas fraudulentas ha llevado a la Guardia Civil a aumentar el número de inspecciones en la Comunidad y a abrir numerosos expedientes. Durante la campaña 2014-2015, el Seprona realizó 157 inspecciones en toda Castilla y León, de las que casi la mitad (78) terminaron en infracción y hubo ocho personas imputadas, cuatro por delitos de falsedad documental y tres contra la propiedad industrial.

Por provincias, Segovia es donde más inspecciones se realizaron con 80, de las que 23 terminaron en infracción. A ésta le siguen Burgos con 17; Salamanca con 14; Soria con 13; León con 12; Zamora con siete; Palencia con seis; Valladolid con cinco y Ávila con tres.

El comercio irregular de semillas puede dar lugar en determinadas circunstancias a la comisión de ilícitos penales, como señalaron a este periódico fuentes del Seprona, que añadieron que la utilización o acondicionamiento para su siembra de semilla certificada sin la correspondiente autorización del obtentor vegetal que la tenga registrada puede dar lugar a la comisión de diversas infracciones administrativas, así como en determinadas circunstancias a un delito contra la propiedad industrial.

En ocasiones, los establecimientos donde se lleva a cabo esta actividad y para evitar que las semillas acondicionadas ilegalmente sean detectadas, se obvia el empleo de tintes especiales que facilitan la identificación de esa simiente que ha sido tratada con productos fitosanitarios y que, por ello, no es apta para consumo humano. En esas circunstancias, si ese grano fuera finalmente derivado al consumo humano se podría estar ante la comisión de un delito contra la salud pública, detallaron las mismas fuentes.

El ‘modus operandi’ más habitual es que determinados agricultores o entidades acondicionadoras de grano (seleccionadoras), cuando realizan operaciones de acondicionamiento, limpieza y tratamiento del grano destinado para la siembra, no comunican la verdadera identidad de la variedad vegetal de las semillas. En su lugar ponen la denominación de otra variedad que no se halle protegida al objeto de eludir el pago de las retribuciones debidas a los titulares de los derechos sobre las variedades de semillas protegidas.

Las mismas fuentes del Seprona detallaron que en el caso de Castilla y León, las infracciones administrativas más comunes en esta materia son las relacionadas con la Ley de Sanidad Vegetal y con los asientos del grano en el libro de entradas y salidas, o irregularidades en el almacenamiento de las semillas.

Últimas operaciones. Algunas de las operaciones más destacadas de la Guardia Civil a lo largo de esta campaña se han desarrollado en las provincias de Burgos y Zamora. En la localidad burgalesa de Torrepadre se localizaron 8.740 kilos de trigo acondicionado y registrado como de la variedad ‘Marius’ -que no necesita pago de derechos de autor (royalty)-. Fuentes del Seprona informaron de que tras realizar una toma de muestras y análisis en el Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) resultó que se trataba de semillas de la variedad ‘Craklin’, la cual se encuentra protegida, motivo por el que se imputó al presunto autor por los delitos de falsificación de documento.

Además, en un almacén de La Bureba (Burgos) se localizaron 2.000 kilos de guisantes para usos agrarios de la variedad ‘Navarro’ sin el consentimiento necesario del titular de la patente. En esta operación, el Seprona imputó a tres personas por los delitos de falsedad documental y contra la propiedad industrial.

A estas dos se suma otra operación en Zamora en la que se imputaron a otras dos personas por un delito contra la propiedad industrial y se intervinieron 16.000 kilos de trigo, 6.000 de avena y 400 de cebada.